ERP. En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Ministerio Público del Perú, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, ejecutó un operativo preventivo en el distrito de Marcavelica con el objetivo de garantizar la neutralidad electoral y el respeto a la normativa vigente.
La intervención fue liderada por los fiscales adjuntos Sara Lourdes Vidal Coronado y Kevin Carlos Antón Siancas, en cumplimiento de las disposiciones de la Junta de Fiscales Superiores. Durante la diligencia, se buscó verificar y corregir el uso indebido de bienes públicos y la instalación irregular de propaganda electoral.
El operativo se desarrolló a lo largo de la carretera Panamericana Norte, incluyendo sectores como Mallaritos, Marcavelica y zonas cercanas a grifos y establecimientos comerciales. En estos puntos se detectó gran cantidad de material publicitario colocado sin autorización en postes de energía eléctrica y espacios públicos.
Entre los principales hallazgos, se retiraron paneles, banderolas y carteles de organizaciones políticas como Avanza País, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular. Asimismo, en Mallaritos se desmontaron gigantografías de Fuerza Popular y Cooperación Popular ubicadas en zonas no permitidas.
También se evidenció el uso indebido de infraestructura estatal, como propaganda de Avanza País colocada sobre carteles informativos de obras públicas en sectores como Bellavista y Marcavelica.
La acción contó con la participación del Jurado Electoral Especial, personal de ENOSA —encargado del retiro en postes de alumbrado—, efectivos de la Policía Nacional del Perú, Seguridad Ciudadana y la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital.
Todo el material decomisado será destruido por el personal municipal al no contar con los permisos correspondientes. Finalmente, el Ministerio Público exhortó a los personeros de las organizaciones políticas y autoridades a respetar estrictamente las normas electorales para garantizar un proceso transparente y equitativo.
