ERP. El caso Lava Jato, del Brasil viene sorprendiendo a todo el mundo, por las implicancias no solo de los autores materiales de un presunto caso de corrupción, sino por las ramificaciones encontradas fuera del país. La presunción de coimas y corrupción, llegan hasta la misma presidencia de la República en el caso peruano y además, comprende otros ex presidentes, ministros, alcaldes e incluso ex presidentes regionales, como es el caso de César Trelles Lara de Piura.
Aunque en el caso peruano, los casos de lucha frontal contra la corrupción, casi son inexistentes, existe una comisión congresal que viene realizando las investigaciones y para seguir el ritmo de los resultados brasileños, ha decidido levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de 432 personas naturales y también jurídicas.
Evaluando en sentido racional la corrupción en el país y que no es diferente de lo que acontece en otros, un buen servicio de inteligencia puede identificar y descubrir a tiempo al corrupto y al inmoral. Sería simple, de repente un presidente llegó al alto cargo y de inmediato se le descubre una onerosa vivienda en un sector residencial, además tiene el agravante que nunca trabajó en su vida, la conclusión lógica es que robó de alguna parte.
Otro funcionario y es el caso de muchos, no tiene nada en cuentas bancarias, tampoco inversiones bursátiles y menos propiedades; sin embargo, alguien de su parentela aparece con un hotel en una determinada zona y otro en lugar diferente, entonces, no se trata solo de investigar al sujeto directo, sino a los familiares y parientes que lo rodean. Sería fácil llegar con la verdad.
La comisión Lava Jato, es una anécdota en los cauces de la administración pública. Excepto raras excepciones, en su mayor parte una cosa es el ciudadano común y corriente y otra tener un alto cargo e influencias en todo el aparato estatal, sobre todo el de justifica. Se impone penas severas al delincuente común, pero aquel que se roba millones de soles del erario nacional no pasa nada.
En tal sentido, se espera que las decisiones adoptadas por la Comisión Congresal por el caso Lava Jato, lleve a un buen puerto y develar las finanzas del presidente, su esposa y de ex presidentes, conforme es su acuerdo. De igual manera, las reales implicancias de ex ministros que se dicen que son muy inocentes cuando en realidad, toda su vida se han dedicado a realizar negocios desde su posición en el Estado.
De acuerdo a la información de la comisión peruana, están comprendidos autoridades municipales y regionales como la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el actual alcalde, Luis Castañeda Lossio quienes ejecutaron obras con la empresa brasileña OAS, el presidente de la región Callao Félix Moreno; el ex presidente regional de Piura César Trelles Lara, entre otros.
La situación se pone tensa en el Brasil considerando que el expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, en prisión por corrupción, ha anunciado su intención de revelar detalles de una trama de pagos ilícitos en la empresa para llegar a un acuerdo con la justicia. Si bien es cierto, que la responsabilidad primera va dirigida al Brasil, se deduce que podría implicar a muchos funcionarios del orbe donde esta empresa ejecutó obras y es el caso peruano.
Se ha conocido, que la empresa Odebrecht tenía un departamento exclusivo para el pago de coimas nacionales e internacionales y sobre todo para apoyar a partidos políticos, los cuales después les facilitarían los procesos a su favor. Las denuncias en el caso peruano son múltiples y también las evidencias, pero no se ha querido llegar a la verdad.
En Brasil son investigadas las empresas Queiroz Galvao, Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, UTC, Ingeniería, Engevix, entre otras. En el caso de Piura, la empresa Camargo Correa ejecutaba el proyecto Alto Piura, el mismo que fue resuelto de mutuo acuerdo entre la empresa y el presidente regional Javier Atkins Lerggios, quien actualmente quiere ser congresista de la República.
El plazo para culminar las investigaciones peruanas vence el 25 de abril próximo, pero podrían pedir una ampliación y se encontrarán con el cambio de parlamentarios y de gobierno.
Generalmente, todas las comisiones investigadoras, impulsadas desde el Congreso han sido poco fructíferas en sus resultados y muchas veces el Poder Judicial condescendiente con los acusados como sucedió con Alan García Pérez con la conocida mega comisión. Por lo que está en juego, los peruanos merecen saber, conocer las reales implicancias de sus funcionarios públicos en casos de corrupción como los que se investigan.
