La Defensoría del Pueblo, a través de su sede en Sullana, inició acciones de supervisión tras el asesinato del comerciante Luis Avendaño Ontaneda, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una trocha del sector de Curumuy, en Piura.
La intervención defensorial tiene como objetivo verificar que las entidades públicas involucradas actúen de acuerdo con sus obligaciones legales y constitucionales, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.
Piden celeridad en las investigaciones
En el marco de sus funciones, la sede de la Defensoría del Pueblo en Sullana estableció comunicación con el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional en esta provincia, quien informó que las investigaciones se encuentran a cargo de la unidad especializada de investigación criminal.
Asimismo, la institución solicitó información detallada al Ministerio Público sobre las diligencias realizadas hasta el momento para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a desarrollar las investigaciones con la máxima diligencia y celeridad, adoptando todas las acciones necesarias para esclarecer el caso, identificar a los responsables y lograr que sean sancionados conforme a ley.
La institución también pidió garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para los familiares de Luis Avendaño Ontaneda.
Atención especial para los hijos de la víctima
La Defensoría puso especial énfasis en la situación de los hijos del comerciante, quienes, debido a su condición de orfandad, requieren una atención especial por parte de las autoridades competentes para evitar que su situación de vulnerabilidad se agrave.
En ese sentido, la institución señaló que continuará supervisando las acciones de las entidades responsables, a fin de verificar que los derechos de los menores y de los demás familiares de la víctima sean respetados.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de continuar vigilando el desarrollo de las investigaciones y verificando que las autoridades cumplan oportunamente con sus obligaciones constitucionales y legales para lograr el esclarecimiento del crimen.
