Piura: Las responsabilidades por el desastre ocurrido en la inundación del 27 de marzo

Andrés Vera Córdova
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ERP. La inundación de Piura, Castilla, Catacaos y el Bajo Piura, debe llevar a una profunda investigación que va más allá del pedido de cese de un funcionario, que en su desesperación vertió palabras infelices y desafortunadas. Implica saber con exactitud las reales causas que generaron la inundación antes, en el evento y después del evento, que dilucide responsabilidades en todos los niveles de gobierno.

El desastre en el Bajo Piura demuestra la exclusión de miles de piuranos

En este caso, no se trata de echarle la culpa a la naturaleza que si la tiene, menos que es un castigo de Dios, tampoco a un asesor empoderado por el propio gobernador, la mirada y el conocimiento sobre el tema debe ir más allá. Manejar una crisis y un evento de esta naturaleza sería totalmente frustrante para cualquiera por muy profesional que sea. Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, la prevención se hace en el día a día y no en el momento mismo de una inundación.

Piura tiene lecciones no aprendidas respecto a este tipo de desastres. En lo más cercano que se tenga memoria, sucedió en 1972, el 1982-83, el 1997-98 y nuevamente estamos envueltos en el mismo problema, lamentándonos de la situación y viviendo con mayor crudeza los impactos negativos. Por desgracia en esta oportunidad afecta a miles de piuranos que en su mayoría viven en esa Piura excluida de los beneficios de la modernidad o del crecimiento económico.

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Poblaciones rurales quedaron entre las aguas del río Piura- Fotografía El Regional

Existen causas estructurales y otras que no lo son y que tienen que ver con la calificación de quienes manejan los asuntos que corresponden al Estado.

Formulando algunas hipótesis de lo sucedido, es el Estado en sus diversos niveles de gobierno los comprometidos funcionalmente en lo acontecido; sin embargo, si consideramos que la mayor parte de los recursos se encuentran centralizados y sus usos depende de la decisión discrecional de los ministerios, se podría decir casi con inequívoco sustento que compromete a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y otros, que manejaron la prevención.

Damnificados albergue

Damnificados en albergues, piden y claman apoyo- Fotografía El Regional

Por ejemplo, si nos referimos al gasto de 450 millones de soles en prevención, las unidades ejecutoras que intervinieron en estos proyectos fueron el Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI; el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña-PEJEZA; el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes-PBPT; y por parte de la Autoridad Nacional del Agua el Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos y la Oficina del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos. Conforme se expresa en una investigación realizada por otro medio, las actividades de prevención fueron realizadas previos al evento por el Ministerio de Agricultura y Riesgo y la Autoridad Nacional del Agua.

Cuando se trata de gasto presupuestal, pese a existir una Ley de Descentralización y otra de Gobiernos Regionales, se han creado en los ministerios los Organismos Públicos Descentralizados. En gran parte, intervienen en el territorio, coordinan poco con alcaldes y autoridades regionales y tienen muchas veces una intervención duplicada con los otros niveles de Gobierno. Una investigación imparcial deberá ahondar sobre este tema, que viene trastocando la organización estatal y las competencias constitucionales que le corresponden a gobiernos regionales y locales.

En tal sentido y con la finalidad de conocer la verdad para que los errores no se vuelvan a cometer en el futuro, se puede dilucidar algunos aspectos que se encuentran oscuros con la catástrofe ocurrida el 27 de marzo. Esta situación corresponderá realizarla a entes totalmente independientes y ajenos a toda vinculación con los niveles de gobierno. Esta verdad debe tener el sentido humano que una desgracia como la vivida por muchos piuranos, amerita. 

Nos hemos planteado de manera rápida preguntas sencillas que deben llevar a respuestas. No son muy complejas, unas podrían explicar lo ocurrido, otras para determinar responsabilidades y varias para prevenir frente a eventos similares. No se puede estar indiferente al dolor de miles de piuranos, que se perjudicaron o por la naturaleza; o por la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Puente Caceres lleno

Río Piura en Puente Cáceres previo al desborde - Fotografía El Regional 

Estas interrogantes deben ser expuestas con criterios técnicos y tienen que ver con:

  1. ¿Tiene el Chira Piura, el equipamiento debido para determinar caudales y velocidad de desplazamiento de la masa de agua?.
  2. ¿Por qué no se pudo determinar con mayor precisión la hora de llegada de los mayores caudales?
  3. ¿Por qué no uncionó el sistema de alerta temprana?
  4. ¿Si se dijo que el máximo pico que pasaría por el Puente Sánchez Cerro sería de 2,700 m3/seg, de dónde salió la mayor diferencia que inundó Piura?.
  5. Si del 10 al 14 de marzo de 1998, pasó por el Puente Sánchez Cerro 4500 m3/seg y no se inundó ni Piura, menos Castilla, tampoco Catacaos y en algo caseríos del Bajo Piura, ¿por qué en esta oportunidad sucedió todo lo contrario?.
  6. ¿Se hizo o no se hizo un año previo la limpieza del cauce del río Piura?.
  7. ¿Los recursos manejados por el Ministerio de Agricultura, que fueron la mayor cantidad se utilizaron o no se utilizaron bien?.

Más allá de lo mencionado, es probable que haya responsabilidad del Estado y que existiría una violación a los derechos humanos que se deben proteger. En tal sentido, los damnificados tienen derecho a exigir la indemnización de todo lo perdido o por la vía civil o por la constitucional. Se tiene las instancias nacionales e internacionales para hacer prevalecer la vigencia del derecho a la vida, que se ha puesto en riesgo.

Mediante una investigación confiable y técnica podría dilucidarse lo que aconteció ese fatídico 27 de marzo. Por lo expresado entendemos que miles de piuranos de escasos recursos económicos esperan que su desgracia sea compensada como corresponde. Ellos deben regresar u obtener el estado de dignidad a que tienen derecho. Un donativo, es un paliativo, pero no lo es todo. Esa es la tarea pendiente que debe resolverse.

Pedregal Senora

Caserío de Pedregal en Catacaos, un pueblo abandonado en agua y lodo - Fotografía El Regional