ERP. La comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó, por mayoría y con modificaciones planteadas en la mesa al documento consensuado, el dictamen que incorpora a profesionales, no profesionales y personal administrativo del sistema CAS al régimen laboral normado por el Decreto Legislativo 728.
Si bien el dictamen alternativo, presentado en la sesión por la bancada de Fuerza Popular, no difiere mucho del presentado por la presidencia de la comisión, en el dictamen aprobado se eliminó la primera y segunda disposiciones complementarias finales, la primera protege a los considerados aptos del beneficio ante un posible cese, mientras que la segunda prohíbe definitivamente la contratación de nuevo personal bajo el régimen CAS.
Estas diferencias son sustanciales, ya que en el primer caso se trata de evitar el despido de los trabajadores que pueden ser beneficiarios de esta norma y que ahora, sin esa protección, pueden ser separados en cualquier momento; mientras que el segundo, busca evitar una situación contradictoria, ya que si bien todos acordamos eliminar el sistema CAS por ser injusto y pernicioso, no podemos permitir que se siga contratando bajo esa misma modalidad, sostuvo el congresista Hernando Cevallos, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento.
“Cada uno deberá asumir su responsabilidad con el país y con los trabajadores. Se aprobó la primera parte del dictamen y eso lo saludamos por los beneficiarios y sus familias que ahora podrán respirar aliviadas, sin embargo la lucha sigue adelante y nosotros estaremos donde siempre hemos estado, defendiendo los derechos de los trabajadores”, agregó.
Ante el señalamiento de que este dictamen puede traer problemas al crear un precedente ante los CAS del país, Cevallos dijo que ese es el temor de muchas personas, “creará un precedente de que la gente tiene derechos y puede reclamar, de que los trabajadores tienen derecho a no ser despedidos luego de varios años de trabajo, de que sean sujetos de crédito. Para algunos, es un precedente terrible saber que la gente tiene derechos que ahora, lamentablemente, están recortados”, aseveró.
En relación a que esta norma afectaría el presupuesto de EsSalud, el titular del grupo legislativo fue contundente al señalar que los casi 100 millones que costará otorgarle derechos a los trabajadores no representan mayor preocupación que los 4 mil millones que le debe el Estado o los 400 millones que hasta ahora le retiene la Sunat por concepto de retracciones.
“Es irónico escuchar que hay a quienes les preocupa los gastos que se harán en darle derechos a quienes no lo tienen, mientras que no dicen nada respecto a los más de mil 200 millones comprometidos en contratos con APPs”, comentó
