ERP. El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, presentó al Ejecutivo un paquete de 22 medidas que buscan crear una política integral de lucha contra la corrupción desde todos los niveles del Estado, con acciones específicas a cargo de los diferentes organismos que forman parte de la lucha anticorrupción.
Las medidas fueron alcanzadas en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito el último miércoles entre los titulares de las instituciones vinculadas al ámbito judicial; y la reunión del Consejo de Estado convocada recientemente por el jefe de Estado.
Entre las medidas, el titular del Ministerio Público propuso verificar los antecedentes policiales, judiciales y penales de todos los funcionarios y servidores públicos con el fin de conocer el historial legal de quienes ejercen cargos públicos. Además, se plantea una supervisión permanente de los recursos que financian a los partidos políticos y la creación de registros únicos de funcionarios públicos condenados por delito contra la administración pública y de funcionarios y servidores públicos inhabilitados.
Otros puntos van directamente relacionados a las instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia. En este sentido, el doctor Sánchez Velarde reiteró la necesidad de que se otorgue no menos del 2% del Presupuesto General de la República al Ministerio Público, con el fin de dotar a esta institución del equipamiento humano y logístico necesario que permita garantizar una lucha frontal contra el crimen y la corrupción en todo el país. Asimismo, que se disponga a favor del Ministerio Público el 50% del dinero que el Estado recupera de la corrupción y el crimen organizado.
De otro lado, precisó la necesidad de implementar una Fiscalía Suprema para casos de Corrupción y Crimen Organizado y de fiscalías especializadas anticorrupción en zonas del país donde no existen, como el distrito fiscal de Lima Este. Otra importante medida propuesta es la implementación de la Unidad de Peritos de las Fiscalías Especializadas y de la Oficina de Análisis Estratégico de la Criminalidad. Esta última ha captado la atención de organismos internacionales por ser la primera iniciativa de este tipo en nuestro país.
Propuso también la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la elaboración de una ley de protección al denunciante; así como la creación de una Auditoría Forense para Casos Penales, cuyos informes faciliten las investigaciones que llevan a cabo los fiscales especializados. Además, planteó la necesidad de fortalecer las oficinas de control interno de las entidades estatales con el fin de que puedan cumplir sus funciones de control administrativo y sancionador en el tiempo adecuado y evitar las prescripciones.
En la reunión con el jefe de Estado, el titular del Ministerio Público remarcó la necesidad de implementar una política agresiva de lucha contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública y privada. "El Estado lidera la política anticorrupción, por lo mismo, debe de invertir en justicia para que sus instituciones crezcan. Ello facilitará la formación de funcionarios de élite: Fiscales y jueces especializados, policía especializada y debidamente seleccionada para investigar estos casos", subrayó el magistrado.
