La “Caja de Pandora” de la corrupción brasileña en funcionarios peruanos

Editorial
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ERP. El tema de ODEBRECHT y de muchas otras empresas brasileñas como Camargo Correa, podría ser una “Caja de Pandora” en territorio nacional. Aunque el proceso en Brasil ya viene logrando delaciones importantes, la situación en Perú podría llevar a comprometer a los mismos presidentes de la República, Alberto Fujimori, Alan García Pérez, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Lo cierto que existen indicios que se irán conociendo de a pocos y el resultado será la consecuencia del Ministerio Público para adentrarse en el corazón de la corrupción brasileña y definir con meridiana claridad a los implicados en el territorio nacional. Existen obras que se ejecutaron por el Gobierno Nacional, pero igual otras por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por varios gobiernos regionales.

Sin duda que las confesiones de Odebrecht y Camargo Correa sobre los pagos de sobornos en Perú, traerán secuela y la presencia en el Brasil del Fiscal de la Nación, son el primer atisbo para sumergirse sobre las confesiones de los altos directivos de estas empresas, quienes canalizaron de manera permanente sobornos a quienes tenían la decisión en Perú y otros países de América Latina para ser favorecidos.

En un Informe Especial publicado por Convoca.pe, se expresa que Jorge Barata, quien fue la cabeza máxima de Odebrecht en Perú, confesó el 12 de diciembre en Salvador de Bahía mientras que el exrepresentante legal de Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, sería el próximo en revelar la ruta de las coimas.

En Piura, la empresa Camargo Correa ganó la ejecución del primer componente del proyecto Alto Piura. El proceso se desarrolló en el gobierno de don César Trelles Lara y del presidente Alan García Pérez. Una empresa China realizó una oferta previa inferior a la propuesta ganadora, pero todo el sistema se encargó de declarar desierta, subir el precio referencial y luego dar como ganador a Camargo Correa.

Posteriormente y con un avance ínfimo en lo físico, pero mucho en lo financiero, le correspondió el turno de decidir a la gestión de don Javier Atkins Lerggios. Aunque este personaje se sustrae de responsabilidades, las confesiones de Marcos de Moura Wanderley de Camargo Correa, permitirá saber sobre su implicancia y también la de su predecesor César Trelles Lara y de otros funcionarios de menor jerarquía en ambos gobiernos.

Acuerdo Fiscal

Ministerio Público logró acuerdo para obtener información. Nombres se conocerán en el proceso

Por el momento, todo indica que existen indicios, aunque se conocen algunos nombres vinculados a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García Pérez que habrían facilitado los arreglos institucionales para abrir el camino de las empresas brasileñas en Perú. La exoneración del SNIP del Alto Piura, podría encontrarse en estos acomodos que permitieron después estructurar todo el proceso para que gane Camargo Correa.

Conforme se pudo comprobar en su debido momento, sobre todo en el caso de Ancash, los organismos internacionales encargados de los procesos, no se encuentran exentos de cuestionamientos éticos y morales. El caso del Alto Piura, fue conducido por la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos); sin embargo, la capacidad discrecional de las autoridades regionales era importante para la decisión final.

Lo que se sabe y que Convoca.pe lo desarrolla es que “Entre los documentos incautados del pago de las coimas de Camargo Correa aparece el nombre de Marcos de Moura Wanderley, quien era el representante legal de la empresa y es conocido como la pareja de Rocío Calderón, la amiga de la esposa del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia” esta situación justificaría la nueva situación económica de la familia Humala-Heredia bastante cuestionada en el lustro anterior.

Por el momento, existe un acuerdo entre el Ministerio Público peruano y sus pares brasileños para la obtención de información, existe un acuerdo preliminar con la empresa para delatar a los funcionarios que recibieron los sobornos, y es probable como sucede siempre, que se entregue información de los más débiles y se proteja lo de los de más alta responsabilidad.

Excepto Fujimori, quien se encuentra preso por delitos de lesa humanidad y por actos de corrupción en su gobierno, claro ninguno por contratos con empresas brasileñas, el Estado peruano ha sido incapaz de llevar adelante investigaciones que demuestre la culpabilidad de presidentes de Estado o de ministros; han sido prolijos en el caso de funcionarios de gobiernos regionales, pero débiles en el Gobierno Nacional.

De no detenerse esta vorágine sorpresiva de información sobre corrupción muchos que ahora fungen de honestos y probos deberán rendir cuentas a la justicia y ésta a su vez, tendrá la gran oportunidad de ser severos frente a este tipo de acciones.

En tanto se conocen estos hechos, la situación de moral, transparencia y honestidad en el sector público, sigue siendo una tarea no resuelta y con consecuencias tan graves, que los grandes perjudicados son aquellos que esperan obras y desarrollo que podrían hacerse con los dineros que se fugan hacia la corrupción.