Las buenas intenciones del Premier en la lucha contra la corrupción estatal

Editorial
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ERP. Es probable que el caso de ODEBRECHT, nos devele realidades que muchos conocen pero que se amparan en un sistema judicial peruano, incapaz de demostrar nada y muchas veces parapetos del poder. Los cuantiosos contratos de esta empresa se iniciaron desde la época de Alejandro Toledo, se extendieron en la gestión de Alan García Pérez y se mantuvieron en el gobierno de Ollanta Humala.

De acuerdo a un convenio suscrito por el Ministerio Público y por la empresa, es probable que se conozca con nombre y apellidos los responsables de los latrocinios públicos. Es solo cuestión de tiempo y cuestión de justicia para que los peruanos conozcan las reales implicancias de presidentes de la República, funcionarios de confianza y hasta del entorno más cercano e influyente de estos gobiernos.

En el caso piurano, se suscribió un contrato con Camargo Correa en la época de César Trelles Lara, y se decidió resolver el mismo en la presidencia de Javier Atkins Lerggios. Ambos personajes se encuentran citado en el Congreso de la República para que expliquen su real intervención en la relación contractual de su entidad con la empresa brasilera.

Frente a este hecho internacional que ha creado expectativa, se tiene una gran oportunidad para acabar con esta lacra que le perjudica a la mayoría de los peruanos, por cuanto sustrae del erario público dineros que pueden resolver los problemas que existen en el territorio nacional.

Sobre el particular, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Fernando Zavala, dijo que el nuevo paquete de decretos legislativos atacarán la corrupción desde tres frentes: prevención, persecución y sanción. "Queremos asegurar de poner cerrojos para que los corruptos no puedan funcionar en este Estado", dijo en una entrevista en el dominical Cuarto Poder.

El titular de la PCM detalló que en prevención se ha creado una autoridad de transparencia para empezar a filtrar a funcionarios corruptos, a través de un tribunal administrado por el Ministerio de Justicia. Precisó que como acompañamiento a esta medida se han creado mecanismos y canales para denunciar a los malos funcionarios.

Explicó que estas denuncias podrán ser presentadas por privados o empleados públicos con absoluta reserva, bajo el amparo una nueva ley de protección del denunciante. Será una oportunidad para develar lo que acontece en el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, los cuales muchas veces tienen poderes ocultos que se encargan de gestionar este tipo de dineros, con total libertad y sin responsabilidades, pese a ser asuntos conocidos por la población.

Para el ministro Zavala indicó que también se establecerán sanciones y responsabilidades penales a las personas jurídicas "para asegurar que casos como los que hemos tenido con Odebrecht y otras empresas relacionadas no nos pase en el futuro". Lo cierto, que tras un corruptor existe un corrupto y no se puede sancionar a uno y dejar libre al otro.

Como se ha expresado siempre, la labor de inteligencia del Estado es insuficiente para identificar y capturar a los que realizan arreglos debajo de la mesa, que muchas veces sin poder formal tienen poder realizar para esconderse en las sombras, adjudicar obras y servicios y considerar en este tipo de acciones la prebenda, la coima o el soborno.

Sin embargo, debe considerarse que los corruptos no solo se encuentran enraizados en los gobiernos regionales, como equívocamente se ha querido hacer creer. Lo mismo sucede con funcionarios del Gobierno Nacional, el cual ha asumido mayores prerrogativas para el manejo financiero del Estado, aunque la Constitución diga que el Perú es un país descentralizado en lo económico, administrativo y en lo político.

Como bien expresan algunos líderes exentos de corrupción, el caso de ODEBRECHT es una oportunidad para que la justicia peruana cree precedentes y sancione ejemplarmente este tipo de acciones.

De igual manera, se espera que el marco jurídico promulgado recientemente, permita que los ciudadanos contribuyan con denunciar al corrupto y que el Estado realice la parte correspondiente. De esta manera, se puede tener más confianza en el aparato público y sin duda, permitirá tener un Estado ejemplar y con funcionarios éticamente responsables.

La situación es simple y no solamente legal. Inteligencia, investigación, sanción oportuna, participación ciudadana y una justicia que garantice el debido proceso e incorruptible.