ERP. Una serie de presuntas irregularidades administrativas y económicas habría ocurrido en la Microred de Salud Huancabamba, según una denuncia que involucra a funcionarios y trabajadores de dicha entidad del sector Salud. Los documentos con los recaudos respectivos han sido presentados ante Contraloría General de la República y Gobierno Regional de Piura.
Esperan que con la documentación presentada se proceda a adoptar las medidas correctivas del caso, para lo cual se requiere una investigación técnica e imparcial, que permita develar las reales impliicancias de cada quien.
Entre los señalados figura el obstetra Juan José Panta Cossío, jefe de la Microred de Salud Huancabamba, quien presuntamente estaría percibiendo pagos correspondientes a Atención Primaria de Salud (APS), pese a desempeñar funciones directivas y administrativas, situación que —según la denuncia— sería incompatible con el beneficio económico destinado al personal asistencial.
Asimismo, se cuestiona al odontólogo nombrado Ángel Omar Torres Vilela, responsable de Recursos Humanos de la Microred, debido a que realizaría únicamente labores administrativas, pero continuaría cobrando incentivos APS como si efectuara atención asistencial.
La denuncia también alcanza a la técnica de enfermería Rosa Eudelia Quiroz Carhuatocto, nombrada en el establecimiento de salud Talaneo, en el distrito El Carmen de la Frontera. De acuerdo con el documento, actualmente desempeñaría funciones administrativas en la sede de la Microred Huancabamba; sin embargo, seguiría percibiendo bono de frontera, pagos por guardias asistenciales y otros beneficios correspondientes a la plaza del EE.SS. Talaneo.
Los denunciantes sostienen que estas situaciones podrían configurar presuntos cobros indebidos al Estado, aprovechamiento del cargo, omisión de funciones y posibles irregularidades en la administración de recursos públicos del sector salud.
Además, se advierte sobre presuntos actos de maltrato y violencia psicológica contra internas de odontología, cuyos informes no habrían sido atendidos ni investigados adecuadamente por la jefatura de la Microred ni por el área de Recursos Humanos.
Como medios probatorios se mencionan boletas de pago, resoluciones de designación, roles de servicio, informes administrativos, registros de asistencia, programación de guardias e informes psicológicos, entre otros documentos.
Ante ello, se solicita una investigación administrativa inmediata, revisión de pagos APS, guardias y bonos, así como una auditoría de la programación y ejecución de servicios. También se pide verificar las funciones reales desempeñadas por los involucrados e investigar las denuncias relacionadas con presunto maltrato y violencia psicológica.
Hasta el momento, los trabajadores mencionados en la denuncia no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.
