ERP. La crisis política que vive el Perú desde la destitución de Pedro Castillo no solo significó el cambio de un gobierno. También consolidó una forma de ejercer el poder que ha ido debilitando progresivamente los contrapesos democráticos y la independencia de las instituciones llamadas a defender el Estado de derecho. Se gobierna desde el Congreso, en tanto que la Institución presidencial una mesa de partes.
Desde entonces, el Congreso de la República, con una mayoría circunstancial, impulsó una serie de normas que diversos especialistas, organismos nacionales e internacionales han cuestionado por representar un retroceso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la transparencia pública. Otras iniciativas evidenciaron un marcado interés corporativo, como aquellas relacionadas con beneficios económicos para determinados sectores, mientras que decisiones parlamentarias en casos de congresistas investigados terminaron proyectando una preocupante imagen de autoprotección.
Lo más grave, sin embargo, no radica únicamente en la producción legislativa, sino en la aparente pérdida de autonomía de instituciones que históricamente debían actuar como contrapeso del poder político.
El Tribunal Constitucional, cuya misión es defender la supremacía de la Constitución, ha emitido decisiones que han generado un intenso debate jurídico y político. Entre ellas, la interpretación que permitió ampliar la iniciativa de gasto del Congreso abrió las puertas a una sucesión de normas con significativo impacto fiscal, pese a las limitaciones que establece la propia Carta Magna. Ahora, con un nuevo escenario político encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, el mismo tribunal parece apresurarse a corregir criterios que anteriormente sostuvo, alimentando la percepción de que sus interpretaciones responden más a coyunturas políticas que a principios constitucionales permanentes.
La Defensoría del Pueblo tampoco ha escapado al cuestionamiento público. En lugar de constituirse en una voz firme en defensa de los derechos ciudadanos y de la institucionalidad democrática, su actuación ha sido percibida por amplios sectores como cercana a determinadas posiciones del poder político, incluso mediante la presentación de recursos en procesos altamente sensibles para el país.
La Junta Nacional de Justicia también enfrenta cuestionamientos por decisiones disciplinarias que han alcanzado a fiscales y jueces involucrados en investigaciones de gran impacto nacional. Casos como los de Delia Espinoza, José Domingo Pérez o el juez Richard Concepción Carhuancho han incrementado la percepción de que existe una utilización del sistema disciplinario con efectos que trascienden el ámbito estrictamente administrativo.
Mientras tanto, el Poder Judicial parece desenvolverse con excesiva cautela frente a decisiones de enorme trascendencia institucional. La sensación que percibe buena parte de la ciudadanía es que prevalece la preocupación por preservar cargos antes que ejercer plenamente la independencia que la Constitución exige a los magistrados.
El resultado es un escenario donde las instituciones parecen haberse vuelto extraordinariamente flexibles frente al poder político de turno. La independencia institucional, principio esencial de toda democracia, corre el riesgo de convertirse en una formalidad cuando las decisiones terminan alineándose con quienes concentran el poder.
El Perú atraviesa una etapa en la que la confianza ciudadana continúa deteriorándose. La democracia no solo se sostiene con elecciones periódicas, sino con instituciones fuertes, independientes y capaces de controlar los excesos del poder sin importar quién gobierne.
Cuando los organismos de control dejan de controlar; cuando los tribunales constitucionales parecen responder a coyunturas políticas; cuando las entidades encargadas de defender la legalidad son percibidas como parte de un mismo engranaje de poder, el principal perjudicado es el ciudadano.
La fortaleza de una democracia no se mide por la cantidad de instituciones que posee, sino por la independencia con la que estas actúan. Ese sigue siendo, lamentablemente, uno de los mayores desafíos del Perú.
Diario El Regional de Piura
