ERP. Dirigentes de diversos gremios de transportistas que participaron en el reciente “apagado de motores”, medida de presión para exigir respuestas frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector en Lima y Callao, acudieron al Congreso de la República para sostener un diálogo con la Comisión de Transporte. Durante la sesión, las críticas contra el Poder Ejecutivo por su falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado fueron contundentes.

ERP. Jóvenes de la Generación Z, nuevamente salieron a las calles de Lima a protestar contra el gobierno de Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el Congreso de la República. Tal medida la realizan pese a las descalificaciones realizadas por la presidente y sobre todo frases en su contra; durante su desplazamiento, rememoran los asesinatos que se produjeron tras la represión habida después del 7 de diciembre del 2022.

ERP. La Contraloría General de la República advirtió que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (Enosa) otorgó la conformidad definitiva al expediente técnico del proyecto de mejoramiento del servicio eléctrico de la línea Charán – Zorritos y alimentadores en media tensión, con conexión a la Subestación Eléctrica Transformadora (SET) Nueva Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, sin contar con estudios complementarios aprobados. Esta situación pone en riesgo la convocatoria a concurso público y podría impedir que más de 6 000 pobladores accedan al servicio eléctrico.

ERP. Cerca del 80 % de las empresas de transporte urbano que operan en Lima y Callao paralizaron sus actividades en protesta contra la creciente ola de extorsiones y asesinatos por sicariato que afecta al sector. El paro —que el Ejecutivo intentó boicotear sin éxito— dejó sin unidades móviles a gran parte de las rutas de la capital y logró que el Congreso se comprometa a crear un grupo especial y aprobar una ley específica para combatir estos delitos.

ERP. Más de un centenar de empresas de transporte urbano de Lima y el Callao acatan hoy un paro general en demanda de una lucha frontal por parte del gobierno contra las extorsiones y el sicariato, delitos que golpean de manera directa a este sector económico. Durante las últimas semanas los casos se han multiplicado, frente a la casi nula acción de la Policía Nacional del Perú y del régimern- 

ERP. Las movilizaciones protagonizadas por jóvenes de la Generación Z en la capital de la República han sido, en su gran mayoría, pacíficas y legítimas expresiones del descontento social. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por un camino preocupante: en lugar de abrir canales de diálogo y reconocer el derecho constitucional a la protesta, ha decidido estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su ciudadanía, recurriendo a un discurso que los presenta como parte de organizaciones delictivas.

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