ERP. Durante los primeros 180 días, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha decidido enfrentar firmemente la corrupción e impulsar las reformas judicial y política para construir instituciones sólidas y confiables y un Estado que esté al servicio del ciudadano y no de mafias oscuras, según la propia justificación de una nota que emite Palacio de Gobierno.
Indican que el Ejecutivo ha rechazado de manera contundente los casos de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos, en los que están involucrados miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial.
Ante esta situación, el jefe de Estado ejerció su responsabilidad con el país. Desde un primer momento, demandó una investigación que vaya hasta las últimas consecuencias, y que se realice con celeridad. Asimismo, se dispuso que la Procuraduría Anticorrupción interponga las denuncias correspondientes y se proceda a efectuar una exhaustiva investigación para que los responsables reciban una sanción severa.
Martin Vizcarra Cornejo cumple 6 meses como presidente
Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, se dispuso la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo. La finalidad es transparentar las acciones de los funcionarios y servidores públicos en las entidades del Poder Ejecutivo, así como detectar y prevenir conflictos de interés.
En el marco de las facultades delegadas, se emitió el Decreto Legislativo 1415. Este precisa que los funcionarios públicos darán a conocer reuniones y agendas de trabajo. De esta forma, se regula la gestión de intereses en la función pública y establece la implementación de un registro de visita obligatorio con carácter de declaración jurada.
Otra de las acciones está orientada a fortalecer la integridad pública, para lo cual se creó la Secretaría de Integridad Pública, como órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como desarrollar los mecanismos para prevenir y gestionar los riegos de la corrupción.
En esa misma línea, se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, instrumento elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que establece las acciones priorizadas, indicadores, metas y responsables para prevenir y combatir este flagelo e impulsar la integridad en la administración pública.
A inicios de setiembre, el Poder Ejecutivo publicó un Decreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de sancionar penalmente los actos de corrupción cometidos entre agentes del sector privado que afecten el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas.
Las sanciones alcanzarán al socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los entes no inscritos o sociedades irregulares, que directa o indirectamente acepta, reciba o solicita un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido de cualquier naturaleza.
Sin embargo, no bastan los esfuerzos del Poder Ejecutivo. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de emprender importantes reformas en los sistemas político y judicial, y convocó a la unidad de la población por una cruzada contra la corrupción, en todos los frentes y caiga quien caiga.
En los primeros días de agosto, el presidente Vizcarra entregó personalmente al Congreso cuatro proyectos de reforma constitucional sobre: no reelección de congresistas, bicameralidad, financiamiento privado de partidos y reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, los que deberán ser sometidos a referéndum en diciembre.
El presidente del Consejo de Ministros planteó la cuestión de confianza ante el Congreso, ante la demora en la aprobación de los proyectos de reforma constitucional. Ante ello, el Parlamento se comprometió a aprobar las reformas antes del 4 de octubre.
Gobierno digital y descentralización
Por otro lado, con el Centro de Seguridad Digital en el Estado, se garantiza la protección de los datos y la construcción de una identidad digital para los ciudadanos. Asimismo, se amplía la Plataforma GOB.PE en todas las entidades públicas para mayor transparencia y rendición de cuentas. De ese modo, se ponen todos los servicios del Estado al servicio del ciudadano.
Todo ello va de la mano con el proceso de descentralización. En estos primeros 180 días, el presidente Vizcarra, acompañado por los ministros, ha recorrido todo el Perú, para atender in situ las prioridades y necesidades de las regiones.
El jefe de Estado ha presidido dos Gore Ejecutivo, como una política de gobierno para estrechar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales.
Asimismo, se realizaron 12 sesiones del Muni Ejecutivo en los departamentos de Tumbes, Puno, Ucayali, Cajamarca, Huánuco, Tacna, San Martín, Arequipa, Pasco, Madre de Dios y dos sesiones de trabajo en Áncash.
Eficiencia de gestión y atención a población vulnerable
El gobierno está trabajando de manera intensa en favor de las personas vulnerables, garantizando el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante el Decreto Legislativo 1384, publicado el último 4 de agosto.
Adicionalmente, a través del Ministerio de Cultura, se está cumpliendo una demanda histórica de las poblaciones indígenas u originarias, que es recibir los servicios del Estado en su lengua materna.
Se prevé que antes de finalizar este 2018, el Ministerio de Cultura certificará en competencias lingüísticas a 250 nuevos funcionarios bilingües, entre ellos trabajadores del gobierno regional y de instituciones como el Ministerio de Salud, Poder Judicial, Fiscalías y municipalidades provinciales del Cusco.
En otro aspecto, en la actualidad el Estado dispone de 1,410 defensores públicos, distribuidos en las 34 direcciones distritales a nivel nacional, de los cuales 205 corresponden a asistencia legal, 242 a defensa de víctimas y 963 defensores públicos penales. Entre enero y julio de este año se han brindado 643,652 atenciones.
Además, se cuenta con 40 Centros de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) y tres mega ALEGRA en todo el país, así como con 349 locales de Defensa Pública. También se tiene la línea de Orientación Legal Gratuita 0800-15259.
El Ejecutivo está trabajando para masificar los servicios de arbitraje popular en espacios de microempresarios y comerciantes. Este mecanismo permite resolver controversias en periodos cortos de cinco a seis meses, y puede contribuir a aliviar la carga procesal en el sistema de justicia.
Luego de 15 meses, en julio del 2018 se reinstaló el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), y se aprobaron 8 ejes temáticos que articularán sus acciones, los cuales son: empleo juvenil (modalidades formativas), formalización y productividad (políticas para promover el empleo formal, capacitación laboral, sostenibilidad empresarial), fortalecimiento del diálogo social, e institucionalización de la Remuneración Mínima Vital.
Agenda externa
En lo que va el gobierno, se ha fortalecido la agenda bilateral y externa, y se han suscrito acuerdos en el marco del último Gabinete Binacional Perú - Bolivia. Mientras que en la VIII Cumbre de las Américas, que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio se adoptó el Compromiso de Lima, titulado: “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”.
El Perú promovió este documento que contiene más de medio centenar de acciones concretas que comprometen a los países para fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio.
En el caso de la Alianza del Pacífico, durante la presidencia pro témpore peruana se buscará avanzar en las negociaciones con los Estados Observadores (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur) a fin de que se conviertan en Estados Asociados.
Nuestro país ha promovido, desde espacios como el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA), un conjunto de iniciativas destinadas a encontrar alternativas de solución a la crisis democrática, humanitaria y migratoria por la que atraviesa Venezuela y que tiene un impacto regional, afectando a varios países entre ellos al Perú.
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