ERP. A nivel nacional, los gremios profesionales que agrupan a los contadores públicos recuerdan, cada 11 de setiembre, un acontecimiento fundamental para el ejercicio de esta profesión en el Perú: la promulgación de la Ley N.° 13253, Ley de Profesionalización del Contador Público y de creación de los Colegios de Contadores Públicos, promulgada el 11 de setiembre de 1959, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche.
Por: Jorge Chunga Martínenz
A más de seis décadas de aquel acontecimiento, la profesión contable enfrenta nuevos desafíos derivados de la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la creciente complejidad de los mercados y de la gestión pública.
El contador público, estratega en la empresa
En la era de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial (IA), el contador público ha dejado de ser visto únicamente como un profesional dedicado al registro y procesamiento de documentos contables.
Hoy cumple un papel estratégico como especialista financiero, analista, consultor de negocios y asesor de la alta dirección, aportando información fundamental para la toma de decisiones y para determinar el rumbo de una organización.
La información financiera constituye una herramienta esencial para conocer la realidad económica de una empresa, identificar riesgos, evaluar oportunidades y proyectar escenarios. Por ello, el contador público participa cada vez más activamente en la formulación de planes de acción de mediano y largo plazo orientados al crecimiento, sostenibilidad y expansión empresarial.
En determinadas organizaciones, sus responsabilidades pueden incluso converger con las funciones de un director financiero o integrarse directamente a los equipos de alta dirección. Su aporte ya no se limita a explicar lo que ocurrió; también debe contribuir a anticipar lo que podría ocurrir.
Los colegios de contadores y el Estado
Los colegios profesionales constituyen espacios de conocimiento especializado que pueden contribuir significativamente al fortalecimiento de la administración pública, particularmente en materias vinculadas con la contabilidad, auditoría, tributación, finanzas públicas, control y transparencia.
Sin embargo, en los últimos gobiernos, estos gremios profesionales no siempre han sido convocados de manera efectiva para aportar su experiencia a la gestión pública. Esta situación merece una reflexión, especialmente cuando el país enfrenta problemas estructurales de corrupción, ineficiencia, informalidad y debilidad institucional.
Un aspecto que merece especial atención es el sistema de control gubernamental. Desde determinados gobiernos se ha cuestionado la idoneidad de los perfiles profesionales considerados para ocupar cargos de alta responsabilidad en instituciones vinculadas al control del Estado. Más allá de las personas y de las coyunturas políticas, el debate de fondo debe centrarse en la necesidad de garantizar especialización, independencia, experiencia y solvencia técnica en quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
La corrupción no se combate únicamente con discursos, declaratorias de emergencia o nuevas reformas. También se enfrenta fortaleciendo las instituciones, profesionalizando la administración pública y colocando a especialistas donde su formación y experiencia resulten determinantes.
Una nueva gobernanza requiere mayor especialización
El Estado, dentro de una estrategia de nueva gobernanza, integridad y modernización de la gestión pública, debería revisar y actualizar una normatividad que, en muchos casos, resulta insuficiente frente a los desafíos actuales.
Uno de los debates que debería abrirse es el referido al perfil profesional de quienes ejercen funciones de alta responsabilidad en materia de control gubernamental. Resulta razonable discutir la conveniencia de que el Contralor General de la República cuente con una sólida especialización y experiencia acreditada en auditoría, control gubernamental y finanzas públicas, además de las demás condiciones de idoneidad e independencia que exige un cargo de esta naturaleza.
Asimismo, corresponde evaluar con seriedad los requisitos de formación y experiencia de quienes aspiran a ejercer representación parlamentaria. La ciudadanía tiene derecho a exigir mayores niveles de preparación, responsabilidad y conocimiento de la administración del Estado a quienes tendrán la tarea de legislar y fiscalizar.
No se trata de cerrar la participación política, sino de elevar los estándares de quienes asumen responsabilidades públicas.
El contador público y la defensa del Estado
El país presenta todavía importantes debilidades en sus sistemas de gestión, control y prevención de delitos económicos. Frente a esta realidad, resulta necesario aprovechar el conocimiento especializado de profesionales que puedan contribuir a identificar operaciones irregulares, inconsistencias financieras, desbalances patrimoniales y mecanismos de ocultamiento de recursos.
En ese ámbito, el contador público posee una formación particularmente relevante. Su conocimiento de los estados financieros, auditoría, tributación, análisis patrimonial y trazabilidad económica puede constituir un importante soporte para la lucha contra la corrupción, el fraude y el lavado de activos.
Por ello, también debería abrirse un debate sobre la participación multidisciplinaria en la defensa jurídica y patrimonial del Estado. Si bien determinadas funciones requieren necesariamente formación jurídica, existen investigaciones y controversias de naturaleza económica y financiera que demandan la intervención de especialistas capaces de interpretar técnicamente la información contable y patrimonial.
La lucha contra los delitos económicos no puede depender de una sola disciplina. Requiere abogados, contadores, economistas, auditores, especialistas financieros y otros profesionales trabajando de manera articulada.
El Estado necesita gestión por resultados
También es necesario invocar a los funcionarios y servidores públicos a una profunda reflexión sobre la productividad y los resultados de las instituciones del Estado.
Existen organismos y espacios destinados a promover la transparencia, combatir la corrupción, defender los intereses públicos y fortalecer la gestión estatal, pero la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son sus resultados concretos, cuánto cuestan y qué impacto producen.
Instituciones y organismos como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), entre otros, deben estar permanentemente sometidos a criterios de evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
El Estado no necesita solamente más organismos, comisiones o reformas. Necesita instituciones eficientes, funcionarios competentes y resultados verificables.
En este escenario, el contador público tiene un papel que trasciende los libros contables. Es un profesional llamado a contribuir con transparencia, control, planificación, análisis financiero y toma de decisiones, tanto en el sector privado como en el público.
El Perú requiere recuperar el valor de la especialización profesional y fortalecer sus instituciones. Y en esa tarea, la profesión contable tiene mucho que aportar.
¡Feliz Día del Contador Público Peruano!
