ERP. La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Sullana, representada por la Fiscal Adjunta, Berena Ballesteros Vigil, dirigió un operativo, para verificar el estado de los alimentos que se venden en los quioscos, los ambientes el programa Qaliwarma y la infraestructura, de cuatro Instituciones Educativas del distrito de Querecotillo.
Esta diligencia, se hizo en coordinación con el Fiscal Provincial, Max Ulises Ruíz Velásquez, de la Primera Fiscalía Provincial Civil y de Familia, para evitar acciones que puedan contravenir las normas, o los derechos a la salud de los estudiantes.
Además se contó con el apoyo de personal de la Municipalidad del Distrito de Querecotillo, y un representante del Área de Ecología y Protección del Medio Ambiente de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DRFIS)
A las 9 de la mañana, las autoridades visitaron el Centro Educativo 14861, ubicado en el centro de la ciudad, aquí pudieron verificar que el quiosco no cuenta con certificado de fumigación, en tanto los fiscalizadores municipales, decomisaron productos como chifles y chumbeques, por no contar con registro sanitario.
Tras esta primera intervención, los magistrados visitaron la Institución Educativa 14860 “Divino Corazón de Jesús” donde se pudo verificar que el quiosco, no cuenta con certificado de fumigación, además, los fiscalizadores ediles, decomisaron productos como chumbeques y suspiros, por no contar con registro sanitario. Por su parte el inspector de Defensa Civil de la municipalidad constató que este colegio no cuenta con extintores.
Asimismo las autoridades visitaron la Institución Educativa, «José María Raigada», en cuyo quiosco se pudo observar que el personal, que cocina los alimentos, no cuenta con certificado médico, ni de fumigación; en tanto en la I.E. 20514 “Dulce Corazón de María” la cocinera del Programa Qaliwarma, no cuenta con certificado médico, indispensable para poder preparar alimentos.
Finalmente, los magistrados exhortaron a los directores y encargados de los quioscos, a levantar las inobservancias advertidas, para salvaguardar la salud e integridad de la población estudiantil, y a su vez, la autoridad municipal señaló un plazo de cinco días hábiles, para el levantamiento de las observaciones, caso contrario, aplicarán las sanciones respectivas.
