ERP. La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en tres contrataciones directas por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau S.A. para la reparación de pozos de agua en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, debido que estos procesos fueron adecuados a solicitud de un mismo proveedor y, durante la ejecución del servicio, se otorgaron ampliaciones de plazo a favor del contratista, pese a que inicialmente habían sido denegadas por la entidad y, por añadidura, no se aplicó la penalidad correspondiente.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 013-2026-2-3470-AC (periodo de evaluación del 25 de octubre de 2024 al 11 de junio de 2025), se señala que se trata de las contrataciones directas por situación de emergencia tipo IOAAR (Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición) para las reparaciones de los pozos de La Planicie, Cortijo y Monteverde. La entidad buscaba principalmente reemplazar los equipos de bombeo y los sistemas eléctricos existentes, los cuales habían cumplido su vida útil, a fin de garantizar el servicio frente al peligro inminente por el déficit hídrico.
Luego de la elaboración de los términos de referencia (TDR) por parte de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, se realizaron invitaciones mediante correos electrónicos a diversas empresas para que presenten sus cotizaciones. Sin embargo, se advirtió que dicha gerencia, en su condición de área usuaria, modificó los términos, ampliando incluso el plazo de ejecución contractual en atención a las sugerencias presentadas por un proveedor, a quien también se le pidió la reducción del plazo ofertado (65 días calendario menos) para una de las contrataciones, a fin de que sus propuestas cumplan con lo requerido y sea contratado de manera directa por la entidad.
Posteriormente, se evidenció que el contratista solicitó la ampliación de plazo de 41 días calendario para el pozo Cortijo, 40 días calendario para La Planicie y 51 días calendario para Monteverde bajo la misma causal no sustentada, lo que originó que dichas solicitudes fueran denegadas. Sin embargo, tiempo después, se declararon procedentes.
De esta manera, se afectó la inmediatez de la contratación y la atención oportuna de la necesidad, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de agua potable a la población en el ámbito de cobertura de los pozos mencionados y se impidió con ello la aplicación de la penalidad máxima al contratista por mora, por lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad de S/ 174 894.
Como resultado del control posterior, se identificó la presunta responsabilidad civil de dos funcionarios. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública de la Contraloría el inicio de las acciones legales en contra de estas personas. También se señaló presunta responsabilidad penal en contra de un exfuncionario. Por ello, se ha pedido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que haga lo propio. Asimismo, los cuatro involucrados tendrían responsabilidad administrativa de entidad.
El informe fue notificado al titular de la entidad para que adopte las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
Diario El Regional de Piura
