ERP. La Oficina Defensorial de Piura advirtió una situación de sobrepoblación penitenciaria crítica en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Sullana, luego de constatar que el recinto alberga casi el doble de internas para la capacidad con la que fue diseñado. La supervisión también evidenció la falta de profesionales permanentes en áreas esenciales como psicología, trabajo social y asesoría jurídica.
La visita de supervisión tuvo como finalidad verificar las condiciones de habitabilidad del establecimiento penitenciario. Durante el recorrido, se comprobó que el penal alberga actualmente a 256 mujeres privadas de libertad y 10 niños que conviven con sus madres, cifra que supera ampliamente su capacidad de albergue y configura una situación de hacinamiento crítico.
Sobrecarga de servicios
La Defensoría del Pueblo señaló que esta sobrepoblación genera una elevada demanda de los servicios de seguridad, asistencia social, atención psicológica y asesoría legal, afectando la capacidad institucional para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad y tratamiento penitenciario.
Asimismo, advirtió que esta situación representa un serio desafío para la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y, especialmente, para el bienestar integral de los niños que permanecen junto a sus madres dentro del establecimiento.
Falta de especialistas agrava la situación
Durante la supervisión también se constató la ausencia de profesionales permanentes en las áreas de psicología y trabajo social, servicios considerados fundamentales para el tratamiento penitenciario, la rehabilitación y la reinserción social de las internas.
Según la Defensoría, esta carencia limita la atención integral y el acompañamiento psicosocial que requieren las mujeres privadas de libertad durante su permanencia en el penal.
A ello se suma la inexistencia de un profesional permanente en asesoría jurídica, lo que restringe el acceso de las internas a orientación legal especializada, dificulta el seguimiento de sus procesos judiciales y retrasa la tramitación de beneficios penitenciarios, afectando el ejercicio de sus derechos y las garantías del debido proceso.
Riesgo para los derechos fundamentales
La Oficina Defensorial de Piura recordó que la privación de la libertad no implica la pérdida de la dignidad humana ni de los derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar.
En ese sentido, sostuvo que el hacinamiento y la falta de personal especializado vulneran directamente el derecho a la dignidad, la integridad personal y la salud física y mental de las internas, además de afectar a los niños que viven con sus madres dentro del establecimiento penitenciario.
También indicó que la ausencia de psicólogos, trabajadores sociales y abogados compromete el cumplimiento del objetivo constitucional del régimen penitenciario, orientado a lograr una efectiva resocialización de las personas privadas de libertad.
Exhortan al INPE a adoptar medidas urgentes
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo exhortó a la dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Sullana a gestionar, con carácter prioritario, ante el Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la contratación de profesionales permanentes en las áreas donde existe déficit.
Asimismo, pidió implementar acciones urgentes para reducir los niveles de hacinamiento y garantizar condiciones dignas para las mujeres privadas de libertad y los niños que permanecen junto a ellas.
Diario El Regional de Piura
