ERP. La Contraloría General identificó un perjuicio económico superior al millón de soles por el incremento irregular de remuneraciones a funcionarios de confianza y servidores públicos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) durante la emergencia sanitaria por COVID-19 del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura, por lo que recomendó el inicio de acciones administrativas y/o penales de cinco funcionarios de esta entidad (anterior gestión).
Según el Informe de Control Específico N° 010-2021-2-4529, que forma parte de los servicios ejecutados del Megaoperativo de Control de Piura, la Comisión Auditora verificó los incrementos remunerativos durante el periodo de mayo a diciembre de 2020 a favor de este personal que ya estaba contratados desde años anteriores (2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 al 2019 y desde enero hasta abril de 2020), incluyendo al entonces titular de la entidad, funcionarios, profesionales, técnicos, asistentes y auxiliares administrativos, quienes para percibir dichos incrementos suscribieron nuevos contratos CAS.
Para concretar estos aumentos, el hospital emitió la directiva N° 002-2020/HAPCSR-II 2 que fue aprobada mediante resolución directoral a fines de marzo de 2020 y que luego fue corregida en junio de ese mismo año con otra resolución. Ambas resoluciones fueron suscritas por el anterior director del hospital y visadas por las áreas de Administración, Gestión de Recursos Humanos, Planeamiento Estratégico y la Unidad de Economía. Dichos funcionarios tomaron conocimiento oportuno de las escalas remunerativas y estaban incluidos como beneficiarios.
La directiva tiene como justificación legal el Decreto de Urgencia N° 037-2020 que autorizaba excepcionalmente durante el año 2020 a las unidades ejecutoras de salud de los pliegos Gobiernos Regionales, a efectuar modificaciones presupuestarias para financiar la contratación de personal bajo la modalidad CAS y así garantizar la continuidad de los servicios de salud, sin embargo, el personal a ser contratado debía realizar labores asistenciales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de propagación de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en el territorio nacional.
A través de otra norma se exoneraba del concurso público para la contratación del personal CAS que prestara servicios en los equipos de respuesta rápida y seguimiento clínico, no incluyéndose al personal administrativo que se benefició con el respectivo incremento de remuneraciones, con el cambio de contrato de CAS ordinario a CAS COVID.
Asimismo, el Ministerio de Salud, mediante una resolución emitida en junio de 2020, estableció una escala remunerativa que solo incluía a personal asistencial, como médico cirujano, médico especialista, profesional de la salud, profesional de la salud especialista y técnico asistencial, no estando considerado el personal administrativo.
Los auditores identificaron un total de 96 beneficiarios del incremento remunerativo, entre funcionarios de confianza y servidores que realizaron labores administrativas. El perjuicio económico asciende a S/ 1 095 557,31.
Dato
El informe elaborado por el OCI de la Dirección Regional de Salud de Piura está publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
