ERP. El Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Sullana reprogramó hoy la audiencia donde se revisará en segunda instancia la demanda interpuesta por la empresa Gastalsa contra el Estado peruano para que se le entregue la concesión para distribución de gas en Pariñas, incluyendo un ducto de propiedad de Enel Generación Piura.
En dicho proceso legal también se dictó una medida cautelar que, adelantando los efectos de la sentencia, dispone la transferencia forzosa del ducto de gas natural de uso propio que abastece de este hidrocarburo a la central térmica de Malacas, en Talara, que es propiedad de Enel Generación Piura desde 1996.
La reprogramación ocurrió porque se produjo a última hora el cambio repentino de uno de los jueces que integran el colegiado, sin que se hubiese notificado a las partes de dicho cambio. Se señaló que la nueva audiencia se realizaría el próximo 08 de julio en la Corte Superior de Justicia de Sullana.
“Confiamos en que el próximo 08 de julio los jueces decidan con razonabilidad y transparencia. Nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a la propiedad. Somos propietarios del ducto desde 1996 y no pueden quitárnoslo con una norma del 2008. La ley no es retroactiva”, enfatizó Rigoberto Novoa, gerente general de Enel Generación Piura.
Agregó que el litigio, en lo que atañe a Enel Generación Piura, se puede resolver si los representantes de Gastalsa formalizan ante el Poder Judicial lo declarado ante diversos medios de comunicación. “Los representantes de Corporación Uno, socios de Gastalsa, y también el señor García Niño, de Gastalsa, han reconocido que el ducto de la central Malacas es de uso propio. Desde aquí los exhorto a que procedan a hacer la formalización ante el Poder Judicial. De esa manera los problemas estarían solucionados”, dijo Novoa.
En primera instancia, el juez José Efraín Carrasco Villegas dispuso, tanto en la sentencia como mediante una medida cautelar la transferencia forzosa del gasoducto de Enel Generación Piura aplicando una norma del año 2008.
Enel tiene la propiedad de dicho gasoducto en litigio desde 1996, cuando fue adquirido al Estado Peruano. La norma aplicada por el juez Carrasco supone la aplicación retroactiva de una norma, lo que no es posible bajo la ley peruana. Inclusive, el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2016, determinó en forma definitiva que el ducto de Enel Generación Piura no puede ser transferido forzosamente a ningún concesionario de gas.
Hablan los afectados
El cierre de la Planta de Malacas provocaría la pérdida de alrededor de 400 puestos de trabajo asociados a la operación de la central térmica, que incluye contratos con empresas contratistas que ascienden a unos 20 millones de soles anuales. De igual manera, se cerrarían los programas sociales en salud, educación y medio ambiente que Enel Generación Piura viene desarrollando en la región y que benefician a más de 15 mil personas en Talara. E inclusive se perdería el aporte que realiza la empresa al fisco por el pago de impuestos, monto que alcanza los 14 millones de soles al año.
Al respecto, Erazo García, presidente de la Comunidad de Piedritas, señaló que el posible cierre de Malacas causará que la comunidad deje de percibir ayuda en educación, salud y medioambiente. “Estamos muy preocupados, porque un fallo podría dejarnos sin apoyo social. Nuestros hijos han mejorado su aprendizaje gracias a la inversión que realiza Enel Generación Piura en el colegio. También invierte en salud y medioambiente, nos apoyaron en la pandemia”, dijo preocupado.
Por su parte, Jacqueline Fernández, trabajadora de Enel Generación Piura, indicó que su principal preocupación es quedarse sin trabajo. “Si cierra la planta, nos quedaremos sin una fuente de trabajo. ¿Qué será de nosotros? Enel Generación Piura es una empresa que nos ha brindado oportunidades de crecimiento a las mujeres. No es posible que cierre sus operaciones”, comentó.
