ERP. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP) realizaron un operativo de allanamiento y descerraje en la vivienda de la congresista del Bloque Magisterial (BM) Elizabeth Medina. La legisladora es investigada por la presunta recepción de coimas y a través de estas haber favorecido a diversas autoridades municipales de la región Huánuco, para que puedan recibir obras y presupuesto.

ERP. “Vamos a impulsar que la Contraloría tenga una cultura preventiva que acompañe al gestor público para evitar el mal uso de los recursos públicos”, anunció el contralor general César Aguilar durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso, donde expuso los resultados de la auditoría a la Cuenta General de la República del año 2023.

ERP. El presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén Olaya, dio conferencia de prensa respecto a últimos acuerdos, para luego responder a preguntas de periodistas, quenes recogiendo la disconformidad públicas expusieron a un gabinete evidentemente precario y protector de la presidenta Dina Boluarte y sobre todo a Juan José Santiváñez, cuestionado ministro del Interior. 

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ERP. La exfiscal de la Nación Luz Patricia Benavides Vargas, quien es investigada por actos de corrupción y con el cargo de ser parte de una organización criminal no podrá salir del país, por decisión del órgano jurisdiccional. En dicho tiempo quienes la investigan deverén realizar todos los procesos que correspondan y dem existir evidencias de corrupción formular la acusación penal. 

ERP. El Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, dio su habitual conferencia de prensa, donde queda claro que el cuestionado Ministro del Interior Juan José Santiváñez, se mantendrá en el cargo, pese a todos los hechos que habría realizado, que es evidente, pero que el investigado niega con una frescura nunca antes vista en un funcionario de este nivel.

ERP. La Contraloría General alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) que 314 oficiales que pasaron a la situación de retiro en los últimos años continúan en posesión de las armas de fuego y equipo policial del Estado que les fue asignado para cumplir con el servicio policial, seguridad y defensa personal durante el periodo 2015-2024, situación que pondría en riesgo el destino y la posesión final de estos por no cumplir con la devolución en los plazos establecidos.

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