ERP. El abogado Humberto Abanto Verástegui, defensor del ex rector de la Universidad Nacional de Piura, César Reyes Peña, cuestionó las deficiencias de la Fiscalía en la acusación contra su patrocinado. Actualmente se tramita en el Poder Judicial un pedido de 18 meses de prisión preventiva contra quien fuera la máxima autoridad de la UNP y otros directivos que según Ministerio Público se encuentran comprometidos.
La investigación del Ministerio Público en relación con el caso de las maestrías dictadas en el Ecuador y que comprometería a ex autoridades y funcionarios de la Universidad Nacional de Piura, tiene un cúmulo de débiles elementos de convicción, es decir no cuentan con fundamentos sólidos para que el Poder Judicial admita el pedido de prisión preventiva para los procesados, según el argumento de la defensa.
El abogado Humberto Abanto Verástegui, puso al descubierto las falencias de los elementos de convicción que presentó la Fiscalía, las que se sustentan versiones inexactas, en audios no originales, correos electrónicos sin pericia, fotografías de recibos sin peritaje que fueron recogidos y publicados por Diario Correo para realizar una campaña mediática contra autoridades y funcionarios de la UNP.
La defensa legal sostuvo que el Ministerio Público ha traído al Juzgado, la construcción de una serie de hipótesis que han reposado en un conjunto bastante débil y pobre de elementos probatorios, por lo que la defensa de Reyes Peña solicitó tener por no cumplido el primer presupuesto material, los elementos de convicción, para la imposición de la prisión preventiva.
La defensa de la ex autoridad universitaria señaló que en el caso Promaina, la imputación fáctica del Ministerio Público refiere que el Dr. César Reyes Peña se desempeñó entre los años 2012 – 2014 como director de la Escuela de Pos Grado de la UNP, sin embargo, los hechos de Promaina se ubican entre el 2015 y el 2018, cuando en ese período Reyes Peña, está probado, se desempeñaba como rector de la UNP.
Ante el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Christian Azabache Vidal, el abogado defensor agregó que respecto a Promainci y Promasisorc, “al margen de la conjetura del Ministerio Público no existe una imputación concreta y sustentada con elementos de convicción”.
“Se ha dicho que Reyes Peña tenía la custodia de los recursos recaudados, y eso no es correcto, dado que entre el 2012 y 2014 el ex rector tenía facultades regladas por el Reglamento General de la Escuela de Pos Grado de fecha 11 diciembre del 2002, y entre ellas no figura ni la percepción, la administración, ni la custodia de los recursos de los programas de maestría”, subrayó.
“Es más, como rector atendía las funciones que le corresponden y establecidas por la Ley Universitaria y su función era guiar, orientar, dirigir las actividades académicas, económicas, administrativas y financieras de la UNP”, añadió.
Abanto Verástegui, sostuvo que en materia de tipicidad subjetiva para el caso de Promaina, el Ministerio Público, sostiene que Reyes Peña conocía el procedimiento de cobranza, que dispuso su continuidad, que se benefició patrimonialmente de lo recaudado y todo esto se sustenta sólo en audios que ha transcrito Diario Correo, en declaraciones y en conversaciones de WhatsApp visualizados en la Fiscalía.
Respecto a los elementos de convicción dijo que, según el Ministerio Público, Reyes Peña recibió pago de subvenciones por los programas de maestría, sin embargo, no se ha dicho que son retribuciones por actividades generadoras de recursos dispuestos por la directiva 002-2009- UNP y modificada por la Resolución del Consejo Universitario 0387-CU-2018 que no le atribuye custodia directa de los fondos.
En relación con los testimonios de cinco alumnos ecuatorianos que habrían participado en los programas de maestría de la UNP, sostuvo que ninguno de ellos ha declarado haber entregado dinero a César Reyes Peña o a alguno de los investigados por el pago de las maestrías.
Sobre los audios presentados por la Fiscalía señaló que estos audios, como lo ha manifestado la representante del Ministerio Público, no son originales, no se cuentan con los originales, no han sido homologados y tampoco han sido reconocidos.
“También se habla de correos electrónicos, pero estos correos son objeto de múltiples reenvíos que no han sido sometidos a una pericia y sobre las fotografías de los recibos de pago por las maestrías, éstos, tienen información incompleta, no son originales y menos han sido sometidos a una pericia para conocer su autenticidad”, advirtió.
En cuanto a los depósitos en cuenta señaló que la Fiscalía no ha citado a declarar a los depositantes, no los comprendió en la investigación y menos en la acusación. “Entonces como es posible que sobre estos hechos la Fiscalía no ha hecho las indagaciones y no tenga la certeza que tengan un propósito ilícito, puedan constituir elementos de convicción para la comisión de un delito”, reclamó.
Y sobre la pericia contable de la que se habla, dijo ha violado el derecho de la defensa dado que el Artículo 180 Numeral 1 del Código Procesal Penal establece el derecho del investigado a observar la pericia dentro de los cinco días posteriores a su comunicación procesal, pero en este caso, fue comunicada y de inmediato se concluyó la investigación preparatoria, sin permitir que el investigado y su defensa observen el informe pericial.
Además, cuestionó, entre otros temas, el hecho de que la Fiscalía haya validado la originalidad de las voces de los audios, solo con la declaración de Marisol Bobadilla y Javier Enrique Coveñas, periodistas de Diario Correo, que dicen que es la voz de Reyes Peña, porque ellos conocen su voz, “gran certificación científica”. “La respuesta es que Marisol Bobadilla y Javier Coveñas tienen el poder jurídico de identificar las voces de las personas en el curso del proceso. Eso no se encuentra en ninguna norma”, concluyó.
