ERP. La situación creada por la Junta Nacional de Justicia, al reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavidez Vargas, sin tener competencia para ello, podría ser utilizado por el Congreso, para tomar una de las instituciones más incómodas para el “Pacto Congresal” así se desprende de las declaraciones dadas por el Presidente del Congreso Eduardo Salhuana, quien calificó como “vergonzoso la disputa de dicho cargo”.
El Congreso estaría buscando impunidad de los más de 50 congresistas con carpetas fiscales, donde se encuentra el mismo Eduardo Salhuana; además, el Poder Ejecutivo que se ha pronunciado por intermedio de Eduardo Arana Ysa, defiende el archivo de los procesos penales en contra de Dina Boluarte Zegarra y otros miembros del gabinete; es decir pretenderían impunidad total.
La Junta de Fiscales Supremos, por unanimidad ha rechazado la resolución a favor de Patricia Benavides y ha fortalecido su competencia, considerando que actualmente dicho cargo es ejercido por la abogada Delia Espinoza Valenzuela. La devolución de la norma a la Junta Nacional de Justicia marca la posición de este ente constitucional, que es incómodo para el Ejecutivo además del Congreso.
El consejero Francisco Távara Córdova, recientemente salió a precisar que dicha reposición no podía darse, primero porque era cosa decidida, segundo por existir causa pendiente en el Poder Judicial y tercero, por requerir unanimidad de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, frente a ello, las interpretaciones antojadizas fluyen y son contradictorias y se diría más bien convenidas.
Hasta el momento, el cargo de Fiscal de la Nación lo ejerce la magistrada Delia Espinoza; sin embargo, en estos tiempos donde prevalece la informalidad e ilegalidad promovida por el propio Congreso, no llamaría la atención un desenlace peligroso, donde se afecte a los fiscales supremos.
La Junta Nacional de Justicia, en amplio comunicado rebate sin mayor lógica lo declarado por Távara Córdova, y además, en una forzada interpretación considera que unanimidad no implica el voto conforme de todos sus miembros, sino de los asistentes, algo írrito y convenido por los intereses que existen de fondo para descabezar al Ministerio Público y llevarlo a una situación excepcional.
Varias mociones pidiendo la inhabilitación de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, se han presentado al Congreso de la República, el presidente ha declarado que se avocarán al conocimiento de esta situación y desde el “pacto mafioso” no se cuestiona en absoluto la írrita resolución a favor de Patricia Benavides, al contrario la consideran ejecutable.
Será el Poder Judicial el que ampare las competencias constitucionales del Ministerio Público?. Se tiene que esperar para saber el desenlace de esta crisis institucional, creada por una Junta Nacional de Justicia sin aparente probidad y actuante en el marco de poderes fácticos que han tomado el país.
