ERP. Con disposición Nº 11, la Sra. Fiscal Ana Sánchez Farfán ha dispuesto que en los actuados en el Caso Nº 2897 -2013 que se sigue por Lavado de Activos contra varios funcionarios de la Caja Sullana, sea remitido copias certificadas a la Fiscalía de la Nación para su pronunciamiento con relación a la existencia de indicios del delito de Enriquecimiento ilícito encontrados en el investigado Andrés Humberto Crisanto Lozada y en varios de sus familiares como presuntos cómplices.
Fiscalía basa su Disposición en el Reporte detallado de INFOCORP donde Andrés Crisanto consigna 06 empresas de las cuales solo dos de las referidas tienen actividad económica y las otras cuatros empresas se encuentran en Baja de Oficio. Además la representante del Ministerio Público señala que la esposa Rosa Imelda Flores Castro no se encuentra autorizada por Sunat para imprimir ningún tipo de comprobante de pago.
[Ver Disposición Fiscal N° 11]
De acuerdo al fundamento de la resolución y que se puede leer en detalle en el adjunto anterior, en el rubro de gastos de bienes inmuebles del referido imputado y de su señora esposa se detalla 10 inmuebles adquiridos durante el periodo 2003 al 2013 de los cuales seis de ellos están debidamente valorizados y existen además cuatro documentos sobre sus propiedades que no se encuentran valorizados.
También se indica que se ha encontrado indicios de delito de Enriquecimiento Ilícito en la calidad de cómplices en varios familiares de Andrés Crisanto Lozada como son Clara Elena Crisanto Lozada de Rojas, Juan Carlos Rojas Quezada, Carlos Augusto Crisanto Lazada; Rosa Isabel, Abramonte de Crisanto, Cesar Crisanto Becerra y Bertha Lozada de Crisanto.
Por otro lado, el denunciante Q.F. Humberto Rodríguez Cerna, ha hecho llegar a la redacción del Regional, copia de la apelación interpuesta contra la parte de la misma disposición en donde se dispone que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria por Lavado de Activos por no encontrarla arreglada a Ley y ha solicitado notificar a la Procuradora que defiende al Estado en delitos de Lavado de Activos para que pueda ejercer sus atribuciones legales.
[Ver apelación de Disposición N° 11 realizada por ciudadano Humberto Rodríguez]
