ERP- La Cámara de Comercio de Piura expresó su más enérgica preocupación por el avance de la criminalidad en la región Piura. Según datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), Piura ocupa actualmente el tercer lugar en denuncias por extorsión en el país, con un total de 1,253 casos reportados entre enero y mayo de este año, cifra mayor en 51 % respecto al mismo periodo del 2024. Esta realidad, lejos de mejorar, ha empeorado, instalando un clima de zozobra que golpea directamente a la ciudadanía y, de manera particular, a quienes impulsan el crecimiento económico, promueven el empleo formal y contribuyen al bienestar social.
La extorsión y el crimen organizado están afectando de forma crítica a las empresas formales de todos los tamaños, desde pequeños negocios hasta grandes unidades productivas. Según la Encuesta Económica Anual que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2023, más del 20 % de empresarios piuranos han declarado haber sido víctimas de algún hecho delictivo y, por ende, haber recibido amenazas relacionadas con cobros ilegales, pagos por “seguridad” o violencia directa contra su personal y familiares. Esta situación ha generado el cierre de operaciones, la paralización de inversiones y la pérdida de empleos formales.
Según el reciente informe de Demografía Empresarial del INEI, en el primer trimestre del presente año han cerrado 8,375 empresas en Piura, casi todas micro y pequeñas, siendo esta la cifra más alta de la historia, incluso superior al ingreso de empresas, que fue de 3,673. Esto significa la pérdida de más de 20 mil empleos y la suspensión de proyectos empresariales en la región debido a riesgos vinculados a la inseguridad.
Además, se estima que por cada denuncia registrada hay al menos tres casos no reportados por temor a represalias, lo cual refleja una preocupante subestimación del problema.
A esta situación se suma la expansión de la minería ilegal en la sierra piurana, actividad que, además de ocasionar daños ambientales severos, genera pérdidas significativas y está asociada directamente al financiamiento de estructuras criminales dedicadas al sicariato, el tráfico de armas y el lavado de activos. Además, existe evidencia de que operan actividades ilegales en la región, generando una economía paralela que actúa con total impunidad y sin control del Estado, sobre todo en Tambogrande, Las Lomas y Suyo.
Como gremio empresarial, reiteramos que no es posible hablar de desarrollo sostenible ni de atracción de inversiones si no se garantiza un entorno mínimo de seguridad. La criminalidad organizada está comprometiendo gravemente años de esfuerzo por construir una región competitiva, dinámica y generadora de oportunidades.
Reconocemos la labor de muchos efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes arriesgan sus vidas enfrentando al crimen. Sin embargo, sus acciones se ven limitadas por la escasez de recursos, deficiencias logísticas y la ausencia de una estrategia regional coherente, moderna y sostenida. La inseguridad ya no puede enfrentarse con operativos aislados ni reacciones tardías: se requiere una política integral de seguridad, con objetivos precisos, indicadores públicos y responsabilidades claramente asignadas.
La Cámara de Comercio exigen al Gobierno central y a las autoridades regionales mayor inversión en el fortalecimiento de la capacidad operativa y de inteligencia de la Policía Nacional en Piura, así como la implementación de un plan especial de seguridad con enfoque territorial, que contemple la erradicación de la minería ilegal y de redes de extorsión. Se requiere también un sistema judicial más eficiente, dotado de fiscales especializados y con protocolos claros para la protección de víctimas y testigos.
"Además, consideramos urgente fortalecer el trabajo articulado de los comités de seguridad que reúnen a los sectores público, privado y sociedad civil para definir acciones inmediatas y sostenibles" expresan frente all problema.
"Asimismo, exhortamos a los empresarios y ciudadanos a denunciar, y al Estado, a garantizarles la protección que hoy, lamentablemente, no tienen. El silencio y la impunidad solo fortalecen a quienes operan fuera de la ley" indican.
Finalmente dicha institución aclara que no permanecerá indiferente ante esta amenaza. "Seguiremos alzando la voz, movilizando esfuerzos y exigiendo resultados. Las autoridades deben pasar de las declaraciones a las acciones concretas. La región y el país no solo lo merecen, lo demandan" .
