ERP. Pese a la protección profesional que gozan los periodistas peruanos en el ejercicio de su función, una fiscal del distrito fiscal de Piura, intenta que se entregue información totalmente violatoria a la normatividad vigente. Frente a ello, el Colegio que los agrupa, mediante comunicado viene rechazando este original pedido, donde se les insta a informar la forma cómo obtuvieron su material periodístico.
"Rechazamos y condenamos categóricamente el amedrentamiento del que están siendo víctimas los periodistas del programa “D – Bate Noticias” de Piura Tv Canal, por parte de la fiscal adjunta Fyorella Montero Talledo de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Piura, quien está exigiendo - bajo amenaza de denunciarlos por resistencia o desobediencia a la autoridad - le informen como obtuvieron 2 audios comprendidos en la denuncia contra el inspector de transportes de la Municipalidad de Piura, Boris Manuel Gutiérrez Castillo" indican en Comunicado.
Asimismo precisan "Queremos recordarle a la mencionada fiscal que los periodistas gozamos del derecho al secreto profesional, el cual es reconocido por nuestra Constitución en su artículo 2.18, por lo que no estamos obligados a revelar la identidad de nuestras fuentes. Por lo tanto, su pedido sería inconstitucional y violatorio a nuestra libre labor profesional".
Agregan en su pronunciamiento "Nos preocupa que desde la Fiscalía se pretenda desconocer este derecho que ha sido reconocido incluso en diferentes pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la jurisprudencia de cortes constitucionales destacadas, pues la reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de información, y un derecho fundamental de quienes ejercemos la profesión periodística".
Finalmente sostienen "Por lo que exigimos al Ministerio Público de Piura tomar las acciones correspondientes, a fin de evitar que se menoscabe la libertad de expresión e información, bajo amenazas de perseguir o sancionar a periodistas en cumplimiento de su labor, cuando la obligación de toda institución del Estado es garantizar a todos los periodistas el ejercicio de su profesión con libertad, a fin de garantizar la democracia en nuestro país".