ERP. La Contraloría General detectó que la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar contrató con proveedores impedidos de contratar con el Estado por tener parentesco de consanguinidad de segundo grado y afinidad con un exregidor de la comuna en el periodo 2019 – 2022, lo que infringe la Ley de Contrataciones con el Estado.
En el informe N.º 059-2024-OCI/0474-AOP se reveló que la entidad pagó por cuatro órdenes de servicio en favor de la cuñada del exregidor del 2021 al 2023 por S/ 3087.50. Asimismo, también se efectuó el pago para sus dos hermanos, de S/ 512.50 cada uno, durante el 2023, pese a estar impedidos del 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del mencionado año.
Además, se verificó que el exregidor no fue suspendido ni vacado por el Jurado Nacional de Elecciones y se confirmaron los vínculos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por lo que al momento de la contratación el impedimento estuvo vigente. Asimismo, en su declaración jurada de intereses, ante la Contraloría, los incluyó como familiares. Estos hechos no fueron advertidos por quienes ocuparon el cargo de subgerente de abastecimiento de la entidad.
Cabe resaltar que los servicios iniciaron a pesar de que el requerimiento se elaboró durante o después del mes de prestación, sin considerar el plazo de 10 días hábiles de anticipación que establece la directiva para su presentación y, en algunos casos, la cotización o proforma de proveedores se emitió durante la ejecución o con posterioridad.
Asimismo, se identificó que la municipalidad contrató y pagó S/ 58 790 a tres proveedores inhabilitados que cuentan con sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). El primero tiene sanción disciplinaria desde el 30 de julio del 2022, por cinco años, emitida por la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
Los otros dos fueron inhabilitados en setiembre del 2022 por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con una sanción por condena penal por delitos contra la administración pública, en el tipo de inhabilitación permanente para prestar servicios a favor del Estado.
Pese a existir las advertencias en el buscador de proveedores con el Estado y estar vigentes las inhabilitaciones en el RNSSC, la entidad contrató con ellos durante el periodo en que estaban impedidos, lo que tampoco fue advertido por el subgerente de abastecimiento y afectó la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.
