ERP. La Fiscalía de la Nación ha sido tomada por una organización criminal encabezada por la propia titular de dicha institución, Patricia Benavides, sostuvo el fiscal superior Rafael Vela, actualmente suspendido de sus funciones.
Asimismo, consideró que dicha red incluiría también al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí. Como se recuerda, dicho organismo dispuso la suspensión del fiscal superior.
En ese sentido, indicó que, por el nivel de operatividad que tendría la red investigada por el Equipo Especial contra la corrupción en el poder (EFICCOP), la ANC habría sido el "brazo de acoso" a los fiscales que iban en contra de sus intereses.
“Parece que seguramente las investigaciones (del Equipo Especial) van a culminar en establecer que hay otros componentes de esta organización criminal, que incluye, para mí, necesariamente, al jefe de la Autoridad Nacional de Control, el señor Fernández Jerí”, declaró Rafael Vela.
Mencionó que, además de su caso, la ANC tiene procesos abiertos contra los fiscales Marita Barreto, hoy destituida del EFICCOP; José Domingo Pérez, del caso Lava Jato; Richard Rojas, quien tiene a su cargo los casos que involucran a la presidenta Dina Boluarte y Vladimir Cerrón; y el fiscal Wilson Salazar, quien se ocupa del proceso contra la Universidad Alas Peruanas.
Vela consideró, además, fundamental que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) actúe frente a lo ocurrido, por cuanto dicha institución tiene la posibilidad de incluso suspender preventivamente a la fiscal de la nación.
“Estamos ante la necesidad imperiosa de que la doctora (Patricia) Benavides no pueda continuar en el ejercicio de su cargo. La institución es jerárquicamente organizada y tiene todos los poderes concentrados en la Fiscalía de la Nación (…). Al final, estamos ante una posibilidad de intromisión permanente y obstaculización del caso”, señaló el fiscal a RPP.
Finalmente, Vela Barba dijo esperar que, ante estos acontecimientos, que involucran presuntas mafias que han capturado la institución, se pueda revertir en la vía constitucional la decisión de la ANC que determinó su suspensión.
