ERP. El Dr. Jorge Alberto Seminario Castillo, es un destacado profesional sullanero y ha sido Abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, cumpliendo una destacada labor, que le ha merecido reconocimientos por diversas instituciones y recientemente por la Federación de Periodistas del Perú y por el director del Periódico Parlamentario Walter Aquino por ser un “Excelente Abogado de la Procuraduría del Estado”. Con él dialogamos para conocer sobre sus expectativas en materia de lucha contra la corrupción estatal.
ERP. ¿Qué esperas del nuevo gobierno en la lucha contra la corrupción?
JASC. El gran conflicto electoral que acabamos de vivir, donde los peruanos nos dividimos en respuesta a una aspiración hacia un cambio radical en el manejo de la cosa pública; ha abierto un gran desafío al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en la lucha contra la corrupción; por lo que se hace necesario buscar estrategias para reducir los altos niveles de corrupción que tiene como consecuencia la inseguridad ciudadana que se vive en el país.
Consideramos atinadas las medidas que se implementarán para neutralizar este mal que golpea directamente a los más pobres; siendo las más importante el establecimiento de la muerte civil para los funcionarios corruptos; la imprescriptibilidad de los delitos, el control del financiamiento de los partidos políticos para evitar flujos financieros ilícitos, como el denunciado caso de Joaquín Ramírez, ex Secretario General del partido de Keiko Fujimori, entre otros.
ERP. ¿Qué instituciones deberían ser reformuladas para tener un mejor funcionamiento?
JASC. Entre las instituciones que deberían ser reformuladas a fin de fortalecer el sistema anticorrupción, es la Comisión Alto Nivel Anticorrupción - CANA, que como se ha visto solo fue un ente emblemático durante el gobierno de Ollanta Humala, buscando que su acción de control llegue a las regiones donde han ocurrido los mayores escándalos de corrupción. Entidad responsable de una política de Estado que prevenga, investigue y sancione los hechos de corrupción, y no se convierte en una mera Mesa de partes, que no realiza ninguna acción frente a los hechos que se denuncian.
Otra institución que debería ser reformulada es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque en los casos en que se denuncie a un procurador público, graciosamente son los mismos procuradores quienes se encargan de establecer la existencia o inexistencia de responsabilidad, y hacen nugatoria todo reclamo por considerar a su “Tribunal de Sanción” como un ente independiente.
El caso de la Policía Nacional, es otro que preocupa a la población, ya que aun habiéndose implementado un nuevo Código Procesal Penal, los casos de corrupción o soborno de los policías que tienen a su cargo la investigación de las denuncias penales, son alarmante, y nadie hace nada por controlarla o combatirlo.
El combate contra la corrupción sólo se logrará mediante el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras y la aplicación de controles más estrictos sobre las empresas estatales, para lo cual debe otorgarse mayores poderes de supervisión a la Contraloría General de la República y leyes para imponer sanciones más severas a los ejecutivos corruptos de compañías estatales.
ERP. En esta perspectiva, ¿una Procuraduría más independiente del Ejecutivo sería beneficioso para luchar contra la corrupción?
JASC. En primer lugar debemos de señalar que las Procuradurías Públicas representan al Estado (artículo 47° constitucional) y el Ministerio Público a la sociedad (artículo 159.3° constitucional); si se constituyen en un ente independiente a quien representarían?
Se ha dicho que debe crearse la Procuraduría General de la República, independiente de “manipulación política”, en repuesta a la intromisión del ex ministro de Justicia Daniel Figallo, que devino en el despido del ex procurador anticorrupción Christian Salas y de la procuradora adjunta Yeni Vilcapoma por el caso de Martín Belaunde Lossio y su vinculación con la ex pareja presidencial y los hechos de corrupción en el gobierno regional de Áncash; Sin embargo, por ello no puede desconocer el rol que le compete a las procuradurías públicas como órganos de defensa jurídica del Estado en sus diversas reparticiones (ministerios); donde existe una estrecha coordinación entre dicha entidad y el sector de que depende.
No olvidemos que quien tiene competencia para actuar en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos o el terrorismo, es el Ministerio Público, en tanto, que el Estado interviene como actor civil a través de las procuradurías públicas; razón suficiente para sostener que se carece de sentido cuando se habla de la creación de una procuraduría independiente.
ERP. ¿Qué cambios institucionales deberían darse para hacer más eficiente la labor de Procuraduría?
JASC. Si bien el Decreto Legislativo Nº 1068 norma que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado contiene aspectos positivos, creo que aún subsisten algunos puntos como la selección y nombramiento de los Procuradores que deben ser materia de una mejor regulación legal a efecto de lograr una efectiva lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.
El titular de una entidad así, debiera sumar a sus méritos y calificaciones profesionales calidades personales y una ética intachable, capaz de generar un amplio consenso acerca de su idoneidad para el cargo, otorgándole un período razonable para ejercer su mandato.
