ERP. De acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, aprobada tras la dictadura de Alberto Fujimori, se establece en su artículo 134° que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Actualmente, se ha censurado a uno y por lo tanto, se configura la posibilidad de llegar a una situación extrema, en caso de mantenerse la intemperancia entre Ejecutivo y Legislativo.
De rechazarse una “cuestión de confianza” al Gabinete por segunda vez, se crearía no solo una crisis que obligaría a la recomposición ministerial, sino la posibilidad constitucional de disolver el Congreso, pero manteniendo en funciones a la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. Es decir, en tanto se convoque a nuevas elecciones parlamentarias, los congresistas que integran dicha Comisión seguirán resolviendo de acuerdo a sus competencias.
Tras la cuestión de confianza presentada por Fernando Zavala, aunque tardía, primero ha generado una bravuconada en la fuerza mayoritaria del Congreso; sin embargo, ha creado las condiciones para amainar la belicosidad política de Fuerza Popular, es decir para que no puedan censurar o negar una cuestión de confianza cuando el Ejecutivo así lo solicite. Esta posibilidad se extiende hasta el 28 de julio del 2020, considerando que en el último año no se puede disolver el Congreso.
Lo que acontece actualmente es el resultado de un gobierno pusilánime, débil y políticamente incorrecto en su actuar; frente a una fuerza política formada por los rezagos del fujimorismo, a todas luces autoritaria, prepotente y con expresiones de los aspectos más grises que llevó al ocaso al gobierno de Alberto Fujimori. Para Fuerza Popular la obcecación es constante y la asertividad política inexistente.
La sumisión de Fuerza Popular por el miedo de perder curul sería contraproducente para el país
La caída del entonces ministro de Educación Jaime Saavedra, fue el preludio de una situación política de sobrevaloración de las posibilidades. Fuerza Popular aprovechó de sus votos, para censurar por una situación minúscula a un funcionario que venía cumpliendo bien su función. No solo fue la censura, sino la constatación fáctica de la impericia política de quienes estaban en el gobierno.
Es decir, Becerril, Chacón, Galarreta, Alcorta y otros, entraron en acción mediante los métodos más censurables para un parlamentario. No el uso de la razón, sino el imperio de la fuerza reflejada en números. Los fujimoristas, de repente convertidos en la “reserva moral y política del país” entraron en una franca confrontación con el Gobierno, aprovechándose de su debilidad y elementalidad política de su Premier y la condescendencia de Pedro Pablo Kuczynski.
Luego de Jaime Saavedra, le sucedieron con mayor o menor responsabilidad los cuestionamientos contra Alfredo Thorne y Martín Vizcarra, quienes tuvieron que renunciar frente a la contundencia de los votos de Fuerza Popular. Sin embargo, ambos estuvieron comprometidos en el caso del Aeropuerto de Chinchero y por lo tanto, había razones para objetar su responsabilidad política.
Diferente situación enfrentó Marilú Martens, quien no supo resolver a tiempo una huelga de los maestros. Tras concesiones y entendimientos, los maestros retornaron a clases, pero el encono parlamentario persistió con una interpelación primero, cuyas razones y argumentos simplemente son desoídos y el anuncio de una censura acordada por los congresistas de Fuerza Popular.
Es así, que el timorato y respetuoso Fernando Zavala, decidió actuar para contener al fujimorismo e hizo lo que le recomendaron hace varios meses cuando se censuró a Jaime Saavedra. Es decir, reconvirtió la censura, le antepuso la cuestión de confianza, se apersonó al Congreso para sustentarla y la votación posterior lo dejó fuera de la Presidencia del Consejo de Ministros; sin embargo, abre otra circunstancia en la relación Ejecutivo- Legislativo.
Tras la designación del nuevo gabinete, se deberán presentar ante el Congreso de la República acorde al mandato del artículo 130° de la Constitución Política del Perú, la cual regula que “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”.
Es decir, deberán votar la cuestión de confianza. De no hacerlo, simplemente quedarían ad portas de ir a la calle, de regresar a sus provincias o sus actividades personales y profesionales y dejarían de ser congresistas. En términos más humanos y sensibles, dejarían la remuneración y las gollerías que usufructúan como parlamentarios.
Tras la disolución, el Presidente de la República debe convocar a elecciones dentro de los cuatro meses siguientes. Quizá en la nueva elección unos regresarían y otros simplemente no. Lo cierto, que esta será una elección netamente parlamentaria y el factor “arrastre” a favor de candidatos desconocidos es probable que no se dé.
Esta es la situación que vive el Perú, por no existir una norma Constitucional más funcional; por existir leyes que perjudican a las minorías, tal es el caso de no obtener representación parlamentaria por no haber superado la valla electoral establecida en el 5% de la votación nacional. Esta medida, es simplemente discriminatoria para aquellos partidos minoritarios. Bastaría mirar lo que sucedió con las candidaturas de Democracia Directa en Cajamarca y concluiremos que quienes ahora representan a este departamento, tienen legitimidad legal pero no social.
Pensar en la hipótesis de la disolución en el marco de la elucubración cabe. En el campo de la realidad es posible que impere el “bolsillo” y no las decisiones políticas. Es posible que frente a una situación similar la valentía de los congresistas en general deje de serlo, los temores de los ahora belicosos se amainen y todo llegue a una situación de condescendencia para evitar una palabra que suena mucho a fujimorismo, es decir ¡Disolver! El Congreso por doble negación de cuestión de confianza.
Al margen de lo anterior, el Estado quedaría a expensas de cualquier decisión acertada o desacertada. No habría control político y el desmadre sería tal, que obligaría a una mayor actuación de la sociedad civil para evitarlo. Este es el riesgo que no se analiza por las odiosas figuras de Becerril, Chacón, Salgado, Alcorta, Galarreta, Mulder, Velásquez y otros.
