ERP. El alcalde de Piura don Oscar Miranda Martino, ha enfrentado varios problemas internos y externos, que ha llevado a una percepción de una gestión que pudo ser mejor; por su parte, Carlos Távara Polo, alcalde de Sullana, ha demostrado en estos dos años, que no tiene ni idea de cómo gestionar su provincia y los problemas lo han superado de tal manera que su precariedad es evidente.
Al iniciarse la venta de los kits electorales para revocatoria de alcaldes y regidores, el primer interés de grupos interesados se ha dado para sacar del cargo a Oscar Miranda Martino e igual a Carlos Távara Polo, de acuerdo a fuente de la ONPE, organismo responsable en vender el expediente administrativo para someter a una autoridad a un proceso de esta naturaleza.
De acuerdo a la experiencia existente, la revocatoria es una búsqueda de miedo hacia las autoridades de provincias altamente densas en lo electoral, pero poco efectivo en el resultado. Implica, si existe un grupo interesado en cesar a un gobernador regional, consejero regional, alcaldes o regidores, tener los recursos humanos y logísticos suficientes para realizar sobre todo la recolección de firmas.
De acuerdo a la Ley de Participación y Control Ciudadanos, establece que la solicitud procede por una sola vez y la consulta se realiza el segundo domingo de junio del tercer año del mandato para las mencionadas autoridades y por ello, la venta de los kits electorales se ha iniciado en este mes de junio.
Por otro lado, los promotores de la revocatoria deberán hacer públicos los fundamentos de su pedido; y evidentemente para sustentarlo siempre existen motivos o fundamentos para ser utilizados; sin embargo, en caso sea admitido el pedido de revocatoria, el interesado tendrá que reunir el 25% de firmas de los electores de su circunscripción.
De igual manera, y de acuerdo a las últimas modificaciones de la ley respectiva; ya no existirán elecciones complementarias como se hacía antes, sino se procederá a cubrir las vacantes con los accesitarios; la medida buscó en su momento que los candidatos que perdieron los comicios sean quienes incentiven la revocatoria para llegar al puesto deseado.
La norma precisa con meridiana claridad, que tanto revocadores como las autoridades cuestionadas, deben rendir cuentas de sus ingresos y egresos, indicando la fuente con sustento documental; en caso de incumplimiento, la multa será de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a favor de los organismos electorales.
La norma de revocatoria que consideró otros puntos para evitar la distorsión; es muy fácil en un distrito pequeño donde reunir el 25% de firmas no es tan trabajoso; sin embargo, es casi improbable que se de en gobiernos regionales y en provincias y distritos grandes. Ello implica, que es casi improbable que se dé un proceso de revocatoria en provincias como las de Piura o la de Sullana e incluso del distrito piurano Veintiseis de Octubre.
Sin embargo, si por los antecedentes se sabe o se conoce, que este tipo de revocatorias no es fácil de lograr; si debe ameritar una evaluación de los actos municipales que realizan estas autoridades y mejorar primero la gestión y segundo la capacidad de comunicación. No se trata solo de trabajar bien, sino que la gente se entere de lo que se viene haciendo.
En el caso de Piura, no existe una gestión municipal eficiente y las grandes obras que se anunciaron aún no aparecen. En parte, su falta de liquidez ha pretendido ser suplida por inversión regional, aunque no haya significado demasiado desde lo mediático.
En Sullana, su alcalde Carlos Távara Polo, simplemente no tiene capacidad para ejercer este cargo. Un caso simple lo graficaría, y tiene que ver con los terminales de embarque y desembarque de Piura. Lo que antes, mantenía cierto orden, ahora se ha transformado en un caos y desorden. Es decir, existirían razones más que suficientes para calificarlo de incompetente.
No se trata solo de un caso; nada sobre circuitos viales; nada sobre el tema del canal vía; nada sobre la contaminación del río y de la ciudad, tampoco seguridad ciudadana que de confianza y tranquilidad a la población.
Lo mismo puede argumentarse de Oscar Miranda Martino, y sin duda las razones serían más que suficientes para ir hacia un proceso de revocatoria; lo que si queda claro que muchas veces el esfuerzo implica una gran inversión de tiempo y dinero y que en el caso de distritos y provincias con alta población electoral es casi un imposible que las autoridades elegidas salgan por esa vía.
