ERP (Andrés Vera). En el 2012, el gobierno de Ollanta Humala emitió el Decreto Legislativo N° 1105; mediante cual se establecieron disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Lo que supuso mirar el problema de los daños ambientales, problemas de la salud y problemas sociales, para resolverlos, no sirvieron de mucho y las condiciones de informalidad e ilegalidad se mantienen.
El tiempo ha transcurrido sin mayor éxito, la formalización ha sido mínima y en algunos lugares fue necesario hacer uso de las medidas de interdicción para detener la extracción minera. Se ha destruido el equipo que utilizan y parte de los socavones hechos por los mineros, pero no los desalienta y los que están en este negocio urden estrategias para seguir en lo mismo.
Piura, se ha visto afectada por la explotación minera, en distritos como Suyo, Las Lomas, Sapillica, y algunas zonas altas de la provincia de Huancabamba. Estos territorios no se han visto exentos de conflictos generados por la minería, con consecuentes ajuste de cuentas y asesinatos, y eliminación de los opositores de la actividad minera. Además de ello, las condiciones de explotación son riesgosas y las muertes constantes.
En el tema de la pequeña minería y minería artesanal, existen partes en conflicto; primero se encuentran los propios mineros quienes dejaron sus actividades habituales para dedicarse a la explotación minera; por otro lado las comunidades y poblaciones de las zonas donde existe el mineral, tercero las autoridades nacionales y regionales, que se han visto superadas por los problemas generados.
Respecto a los primeros actores, es una constatación fáctica que ganarán mucho más dedicándose de la explotación minera, aún contra todos los riesgos institucionales existentes; los segundos buscarán defender la conservación y medio ambiente, en tanto que los terceros van hacia dos vertientes, unos que quieren que no haya informalidad en la minería y otros que viven de la corrupción que genera la actividad.
Tuve la oportunidad de participar en una mesa de diálogo en la presidencia del Consejo de Ministros con mineros informales y posiblemente ilegales que buscaban ser reconocidos como actores económicos importantes. Según el argumento todas las actividades humanas contaminan y lo que realizan ellos no es diferente a la contaminación que se ve a diario.
Distrito de Suyo, en el departamento de Piura. Asesinatos y muertes se presentan siempre
Otro aspecto y jamás superado, y quizá por ello el fracaso en la formalización, tiene que ver con los derechos mineros. Generalmente, quienes explotan una mina se encuentra en una concesión que no les pertenece y el titular minero, se niega a ponerse de acuerdo para facilitar la explotación de terceros. Existen un mínimo de acuerdos entre mineros informales y propietario de la concesión minera que se han concordado.
En este contexto y sin definir la titularidad minera, toda intención de formalización pasa solo por ser un intento y no pasa de esa condición. Lo cierto, que quien encontró una mina, se resiste a compartir ganancia alguna con el titular de la concesión minera y considera como inaplicable que alguien que no reside en el lugar, condicionen el uso del suelo y del subsuelo sin pertenecerles.
De acuerdo al decreto legislativo vigente, quienes desean ingresar por la vía de formalización deben presentar una declaración de compromisos, se debe acreditar la titularidad, contrato de cesión, acuerdo o contrato de explotación sobre la concesión minera; además, la acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial, autorización de uso de aguas, aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo, autorización para Inicio/reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales.
Regularmente la actividad minera en la región Piura, se encuentra en tierras comunales y debido al poco uso de herramientas de control territorial los informales acceden por la fuerza a un área e inician la exploración y explotación. Si alguien se opone, el uso de sicarios es la solución.
La comercialización es otro proceso con sus propias características e impone sus reglas propias a vista y paciencia de muchos. Las enormes ganancias se lo permiten para persuadir a policías, fiscales, jueces, SUNAT, autoridades de energía y minas, y autoridades regionales. En tal sentido, actúan increíblemente con toda impunidad y facilidad, en Las Lomas Piura u otra provincia como Chala en Arequipa.
En el fondo del problema, existe unas ansias institucionales (Nacional, regional) de proteger al dueño de la concesión minera y estos lo saben los titulares. Cómo saben que su titularidad no será dejada sin efecto, negocian en condiciones leoninas o simplemente no negocian y dejan que la explotación siga en la condición de informal o ilegal y se mantenga sin los estándares mínimos ambientales.
En tanto esto sucede se produce daños ambientales irreparables, la población se encuentra expuesta a peligros por los insumos y materiales usados y lo que es más grave, el riesgo social se incrementa, con explotación infantil, alcoholismo, prostitución, asesinatos, robos, inadecuada ocupación laboral y otros problemas que se pueden constatar en distritos como Las Lomas, Suyo o Sapillica.
Y adicionalmente al problema planteado, existen razones económicas que motiva a los actores econóimicos que laboran en las pequeñas minas. Si antes ganaban en el sector agrario un monto, en la minería su salario será mucho mayor. El prurito de la conservación ambiental no los sacará del lugar donde están, sino un estímulo mayor que es el del salario decente.
