ERP. Las nueva ley universitaria 30220, se aprobó en el 2014 y se dispuso que a partir de la vigencia de la misma, cesan las asambleas universitarias y con él se suspenden los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación de personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades de gobierno de la Universidad. La mayor parte de los Rectores decidieron implementar la norma; sin embargo, otros hasta el momento se mantienen renuentes.
Alegan los mismos, que su mandato de elección no puede truncarse y que deberá respetarse. No han conformado, un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo para llevar adelante los procesos previstos en la Ley, sobre todo elegir la asamblea estatutaria que se encargue de aprobar el nuevo marco jurídico interno para la Universidad.
La mayor parte de las Universidades Públicas se encuentran en adecuación; pero existen 5 de ellas que han desafiado la norma, se resisten a acatarla y defienden el fuero que lograron mediante la ley anterior. De trata de los Rectores de la Universidad Nacional de Trujillo; San Luis Gonzaga de Ica; Federico Villarreal de Lima; Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
A partir del 01 de enero estos rectores, no podrán firmar ni grados ni títulos y menos contarán con los recursos públicos para el financiamiento de sus actividades institucionales. La medida tendrá vigencia hasta que dejen su rebeldía y decidan someterse a los imperios de la Ley. Los grandes perjudicados serán los estudiantes, quienes se afectarían con esta resistencia a la ley universitaria.
En su defensa, los rectores alegan que deben terminar su mandato y recién proceder al cambio de nuevas autoridades; en franca confrontación con las autoridades que establece la Ley, han retado que solo los “tanques” los sacarán de su puesto, en alusión a Daniel Mora, un militar que impulsó desde el Congreso la norma.
El primero en resistirse ha sido el Dr. Pedro Cotillo Zegarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien culminará su mandato el 30 de mayo del 2016. Después de rechazarse una ley que ampliaba su mandato, aún mantiene su rebeldía y todo hace suponer que llegará al mes de mayo en calidad de Rector y procederá en esa fecha a la adecuación de la norma. Su posición es desafiante y contraria a la imposición de la norma universitaria.
En la ciudad de Trujillo funciona la Universidad Nacional de Trujillo, la misma que tiene como Rector al abogado Orlando Moisés González, quien como abogado estima que la forma y modo como se quiere afectar su mandato. De mantenerse la misma posición, su mandato será de 5 años y se cumplirán recién en el 2020. En sus méritos tienen haber sido magistrado provisional de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y Decano del Colegio de Abogados de La Libertad.
El más longevo de los que se resisten a cumplir con la Ley es Alejandro Gabriel Encinas Fernández, rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica; quien anteriormente presentó una acción legal para impedir que la Ley Universitaria entre en vigencia; se ha mantenido en franca oposición hasta el momento y no existen visos para su adecuación.
La Universidad Nacional Federico Villarreal tiene como Rector a José María Viaña Pérez. Esta Universidad ha sido considerada como de vinculación aprista y ha permitido la formación de miles de profesionales peruanos; el mandato de su rector culminará en el 2016 y lo que se le afecta es menos de un año, en caso de adecuarse a la nueva norma. Reclama con justo derecho el statu quo que le corresponde como Rector y por el plazo que le corresponde de acuerdo a la Ley fenecida. El rector es un oftalmólogo muy calificado y tiene en sus antecedentes un buen periodo como Rector.
La Universidad La Cantuta o Enrique Guzmán y Valle, formó docentes en sus inicios y muchas veces estuvo en riesgo por las corrientes ideológicas que se formaban en sus aulas; se encuentra en la condición de rebelde debido a la posición de su rector Vladimiro del Castillo Narro, quien además, no ha llegado mediante las formalidades de la Ley anterior al cargo, sino por reemplazo de su antecesor Antonio Díaz Saucedo. Deberían haber dejado el cargo en 30 días después de asumir el cargo en el 2013, pero se resistió como sucede ahora con la Nueva Ley Universitaria.
Los mencionados, son rebeldes a la adecuación de la Ley Universitaria y elegir rectores, vicerrectores y decanos; de mantenerse su posición el procurador de SUNEDU procederá a denunciarlos penalmente y esperar que la justicia resuelva de la manera más adecuada. En el caso de quienes reclaman el statu quo que les corresponde, la situación es ambigua y es posible que sean amparados; en todo caso corresponderá al Poder Judicial el pronunciamiento final.
Según la Ley Universitaria, tenían plazo hasta el 31 de diciembre para formar un comité electoral, convocar a una asamblea estatutaria, aprobar un nuevo estatuto universitario y realizar un proceso electoral universal para elegir a las nuevas autoridades en los centros de estudio.
En tal sentido, si no lo hicieron desde el 01 de enero del 2016, sus firmas no tienen valor y no pueden con legitimidad firmar grados y títulos a partir de esta fecha; además, el Ministerio de Economía y Finanzas posiblemente les niegue los recursos a que tienen derecho. ¿Tiene asidero su rebeldía y reclamo?. Es lo que definirá el Poder Judicial, cuando cada uno de ellos recurra a esta instancia en tutela de derecho.
En tanto, se espera que los estudiantes no se perjudiquen por una decisión que corresponde al ámbito legal para adecuarse a una Ley, que cambie poco como para creer que alguna de las que resisten a su cumplimiento y otras que ya se encuentran adecuadas, se ubiquen en el ranking mundial como una de las mejores.
El dato:
El sistema universitario peruano, tiene 31 universidades nacionales debidamente institucionalizadas; 20 se encuentran en proceso de implementación y con comisión organizadora. 45 universidades privadas peruanas se encuentran funcionando y 46 se encuentran en proceso; 46 instituciones adicionales tienen rango universitario.
