ERP. El Congreso aprobó anoche el pedido de delegación de facultades al Ejecutivo por 90 días. En seguridad ciudadana se aprobaron nueve puntos específicos, entre ellos el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estos son los más importantes.
- Precisiones y modificaciones a las normas penales en los que respecta a la tipificación de nuevos delitos, agravantes y beneficios penitenciarios contra crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad y afectación a la infraestructura y medios de transporte en hidrocarburos.
- Declarar en emergencia y reestructurar el Sistema Nacional Penitenciario en infraestructura y administración y revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria, si limitar atribuciones del sistema nacional de Control.
- Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial e intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre la PNP, gobiernos locales y regionales, sin afectar sus funciones.
- Adoptar medidas de prevención social de la delincuencia y participación ciudadana, si afectar derechos humanos.
- Modificar la estructura del Ministerio del Interior para mejorar sus servicios al ciudadano, erradicar la corrupción, perfeccionar el marco normativo de la PNP en estructura, especialización, régimen disciplinario, carrera policial y régimen de salud, sin que afecte su autonomía.
- Dar normas para mejorar la política migratoria, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la regulación de seguridad fronteriza, respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes, sin que se permita la expulsión de los progenitores por razones administrativas.
- Fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UlF-Perú) contando con autorización de un juez penal.
- Otorgar mayores facultades a la UIF para que pueda compartir información sobre lavado de activos con el Ministerio Público y recibir información del JNE y la ONPE. (Andina)
