ERP. La aplicación de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Congreso de la República a no sancionar a los miembros del Tribunal Constitucional, nos está llevando nuevamente a la condición de precariedad después del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Esta norma que debe cumplirse en el país por imperio de la Constitución Política podría ser desacatada.
El Congreso del Perú pedirá a la Corte IDH una aclaración del fallo que pide archivar el procedimiento de acusación interpuesto contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a causa del caso El Frontón, informó el presidente de la Parlamento, Luis Galarreta. Los mayores interesados en desacatar esta norma son los de Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano, a quienes implica el caso que está resolviendo el Tribunal Constitucional.
Luego de culminar la sesión de Junta de Portavoces, Galarreta detalló que se le solicitará una aclaración dentro de los 90 días. La intención de incumplir la resolución es una figura inmediata en relación al pedido que subyace de retirarse del Pacto de San José de Costa Rica, con el pretexto de violaciones a menores de edad.
Por su parte, el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, detalló que durante la sesión se confrontaron dos posiciones. Antes de Violeta el congresista Sheput ha expresado con meridiana claridad que la resolución debe de acatarse y no cuestionarse.
“Se han expuesto dos posiciones: una de quienes creen que los fallos de cortes extranjeras se deben acatar y la otra que considera que este fallo es de imposibilidad material de cumplirla en Perú. Vamos a formular la consulta para ver cómo se compatibiliza estas dos posiciones (…)”, señaló a la prensa Violeta.
El Congreso de la República, emulando lo que se hizo con miembros del Tribunal Constitucional en la parte final del gobierno de Alberto Fujimori, busca sancionar a los magistrados, por presuntamente haber cambiado el sentido de un voto de un magistrado que se encuentra fallecido. El informe de la subcomisión se encuentra listo y solo depende de la Comisión Permanente del Congreso de la República decidirlo.
El daro
Las motivaciones de estos grupos Apra y Fuerza Popular se centran en interés de parte, por un lado lo que se resuelva en el Tribunal Constitucional implica de manera directa a Alan García Pérez por los casos de la matanza del Frontón y en el segundo, se encuentra pendiente de resolver el caso del induloto de Alberto Fujimori, que podría regresarlo a la cárcel. Frente a esta posibilidad pretenden amenazar el incumplimiento de las resoluciones que emita esta instancia supranacional.
