El caso del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y la arbitrariedad del poder político

Editorial
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ERP. Todos los constitucionalistas opinan que el caso del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde infringe la norma aprobada en 1993. Además, busca pronunciarse sobre hechos que podrían ser vistos por las propias instancias de la magistratura y que afecta la independencia de instituciones autónomas como es el Ministerio Público. Una celeridad inusitada llevará al pleno esta acusación realizada por Fuerza Popular.

El abuso del poder no es nuevo en nuestro país, puede presentarse en temas menores u otros de mayor gravedad. En el caso del Fiscal Pablo Sánchez se da siempre cuando alguien se siente con una mayoría con la cual podría no solo aprobar leyes y cambiar las existentes, sino fundamentalmente cuando un funcionario le es incómodo, podría sacarlo del cargo para generar un antecedente en los sucesores.

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Fuerza Popular, una organización que se nutre del pasado fujimorista, obtuvo por una ley que distribuye mal las curules, una mayoría más allá de lo realmente obtenido en votos. La calidad política de la mayoría no tiene mejores calificaciones que anteriores congresos y muchas veces llaman la atención la elementalidad como resuelven. Ellos, son los autores de la intentona de defenestrar al Fiscal Sánchez, posiblemente a magistrados del Tribunal Constitucional y aunque lo nieguen, no les sería ajeno la vacancia presidencial.

Tanto como sus ascendientes políticos justificaron el golpe de Estado de abril de 1992, los ahora nuevos fujimoristas han buscado argumentos creíbles para sus protervos intereses. Es decir, hablan de las debilidades del Ministerio Público, de las fragilidades en las investigaciones del caso a favor de unos como Toledo y empresas consorciadas con Odebrecht y aunque resulte increíble, también enarbolan la bandera de la honestidad y lucha contra la corrupción.

Es decir, la coartada perfecta para amedrentar a los representantes de una institución (Ministerio Público) que medianamente ha pretendido impulsar procesos penales en contra de Keiko Fujimori y su esposo y del ex presidente Alan García Pérez, dos de los presuntos receptores de dineros ilícitos de Odebrecht, entre otros casos mediáticos. 

En su afán destructivo de la institucionalidad de Fuerza Popular, una actitud nada nueva para ellos, cuentan sorprendentemente con la colaboración del aprista Mauricio Mulder. El indicado político, no solo ha presentado un proyecto limitando la publicidad estatal en medios privados, sino igualmente una “interpretación auténtica” del artículo de la Constitución que se refiere a la situación de confianza de los ministros.

En democracias débiles como la nuestra, con intromisión del poder político en las instituciones y la fragilidad para defenderse por parte de los afectados; el abuso de las mayorías es común. Los votos mandan expresan algunos políticos y evidentemente es así. Si no se tiene respeto por la institucionalidad, por la Constitución y las Leyes y no existen valores democráticos el valor del voto puede ser arbitrario y abusivo como se pretender demostrar con la acusación constitucional del Fiscal Pablo Sánchez.

Alan Wagner un demócrata cabal ha expresado sobre la actitud autoritaria de los fujimoristas “Es una iniciativa que no está debidamente respaldada en la Constitución, que establece que el Congreso puede sancionar a los jefes de las instituciones autónomas en caso de infracción constitucional o de delitos en ejercicio de sus funciones. Ninguna de estas dos causales se sustenta en la acusación”.

Igual opiniones en contra de la medida existen de otros constitucionalistas; sin embargo, para los herederos políticos de Alberto Fujimori, lo único que cabe es la vindicta contra aquellos funcionarios que osen desconocer su poder y su omnímodo sacramente congresal. Lo demostraron en el régimen autoritario de los noventa y lo están reeditando con igual virulencia como mayoría parlamentaria.

Frente a esta situación, de abuso del poder político, intenciones de infringir la Constitución, voluntad de amedrentar al Ministerio Público y Tribunal Constitucional, solo cabe la reacción de las fuerzas democráticas para impedirlo en primera instancia o de la solidez de la expresión ciudadana en las calles. Si antes se pudo acabar con la autocracia, no existe imposibilidad para defender la democracia ahora.

Sin embargo, del conflicto siempre existen lecciones y estas se refieren a la idoneidad, eficiencia y calidad de los magistrados que son parte en el sistema judicial. Sabemos que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se encuentran infestados y tienen muchas debilidades e incluso corruptelas. La democracia también exige instituciones confiables y que garanticen fallos imparciales.

Existe la convicción que el abuso de poder del grupo Fuerza Popular o más conocido como fujimorista sea derrotado por sus propios errores y por la defensa de las fuerzas democráticas que si existen en el Congreso y que pueden impedir que una arbitrariedad o un abuso de poder se consume. Es lo que esperan muchos peruanos y es lo que hará al Perú un país sólido, estable y con una democracia aunque imperfecta pasible de ser mejorada.