Emergencia, descentralización y cuestionamientos a gobiernos regionales y locales

Editorial
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ERP. El gobierno central presentó un proyecto de Ley ante el Congreso de la República para gestionar la reconstrucción, la cual durará de acuerdo al vocero oficialista, unos 3 años. En esta etapa se busca reconstruir y construir lo que la naturaleza destruyó en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo. Además, de ello, deberá ser asumido como práctica para las futuras inversiones públicas y privadas.

Este proyecto, de alguna manera debe ser analizada con mucho rigor a la luz de las competencias constitucionales. Esta evaluación debe ser realizada por los interesados de los departamentos y provincias que vienen siendo obviados de una manera muy sutil e interesada. Aunque es esperar demasiado, una posición regional permitiría evitar retrocesos a lo principal y que tiene que ver con el poder de decidir.

Lo cierto, que la concepción que tiene el gobierno central de los procesos de descentralización es simple; primero, parte de la premisa que en regiones no existen competencias, segundo que existe demasiada corrupción y en cierta medida es verdad y tercero, que el único preparado y capacitado para realizar inversión pública y para ejercer plenas competencias es el nivel central.

La Constitución Política del Perú establece que la descentralización es gradual e irreversible. En una primera instancia se creó el Consejo Nacional de Descentralización, el cual fue desaparecido por el gobierno aprista, para llevar las funciones hacia una Secretaría de Descentralización; en tanto, cada día permitió que el Ministerio de Economía se convierte en un superministerio.

El modelo de descentralización consideró transferir aquellas actividades como salud y educación y otros, que implicó dimensionar en problemas sociales y económicos a las regiones; sin embargo, pese a ello, los recursos fueron limitados e incluso recortados. La descentralización fiscal, quedó pendiente de efectivizarse y ahora nadie habla o dice algo sobre el particular.

Los ministerios para gestionar recursos en los territorios o los siguen manejando directamente o crearon organismos públicos descentralizados y de esa manera, lo que debería realizar los gobiernos regionales y locales, lo realiza de manera directa estas instancias, muchas veces duplicando las intervenciones y tantas y tantas veces obviando el real poder de gobernadores regionales y de alcaldes provinciales y distritales.

Lo de limitadas competencias es una falacia. En Piura, Tumbes, y otras regiones existen profesionales que tienen las competencias y las capacidades para gestionar procesos públicos; solo es cuestión de confianza y de otorgarles las herramientas para que puedan ser eficientes y eficaces. Con el prurito de la corrupción no se puede excluir de las competencias constitucionales y de las responsabilidades que corresponden a los gobiernos regionales y locales.

Un caso específico y que grafica de manera integral esa relación asimétrica, es lo realizado con la descolmatación del río Piura. La mayor parte de los recursos los manejó el PSI desde Lima, llegado el evento, simplemente el agua superó el cauce e inundó diversas poblaciones. Las principales responsabilidades de inmediato fueron dirigidas hacia el gobierno regional y esta instancia anduvo avocada en aclarar que los dineros no eran parte de su presupuesto.

Otro muy común tiene que ver con la función que cumplen los funcionarios en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Esta instancia otorga dinero para proyectos de agua potable en diversas provincias y distritos. Los alcaldes y sus representantes viajan directamente hacia Lima, para conseguir recursos y muchas veces reciben estos recursos con compromisos debajo de la mesa. Existen miles de testimonios en este sentido.

En términos más entendibles, los mayores niveles de corrupción en desmedro de los departamentos, provincias y distritos se encuentra en los funcionarios de los ministerios, que con gran discrecionalidad manejan presupuestos que deberían corresponder a los gobiernos regionales y locales.

Lamentablemente, las instancias de control no sirven o no tienen las herramientas para identificar rápidamente una distorsión en el manejo de los recursos presupuestales. Igual sucede con el Ministerio Público donde la corrupción campea a favor de los delincuentes. Evidentemente, en este campo existe mucho que cambiar, si se quiere ser efectivo en la lucha contra la corrupción.

En realidad, la actitud de centralización del Estado peruano no es únicamente de quienes ejercen el poder desde Lima; también existe una actitud cabizbaja y sumisa de los líderes regionales que la permiten. Son pocos los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales que tienen una idea clara de cómo debe organizarse el Estado peruano y que defienden el fuero que bajo esta lógica poco a poco se irá desandando todo lo avanzado.

Al menos, el Premier ha expresado que estarán analizando el proceso de descentralización. Con un Congreso que se conforma en perjuicio de las minorías, el panorama es incierto.