Bajas en Policía Nacional: Medidas de siempre sin ningún beneficio institucional

Editorial
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ERP. La Policía Nacional del Perú, es una de las instituciones más vulnerables para la corrupción pero al mismo tiempo garantía para lograr una convivencia ciudadana pacífica. En el lugar donde estén sus integrantes construyen formas y modos de sacar ventaja personal, aprovechando el cargo y la autoridad que representan y su accionar se extiende sin reparo alguno desde el mando más alto, hasta el de menor graduación.

Hemos sido testigos directos de su accionar. Por ejemplo, si alguien es descubierto manejando en estado de embriaguez, situación que está prohibida, se estructura una red de corrupción que se extiende desde el Policía de servicio, el que realiza las muestras de sangre para determinar el grado de alcohol y hasta representantes de otras instituciones. Caer en una situación similar implica tener unos 2 mil soles como mínimo para evitar las implicancias legales.

Lo más común son aquellos policías responsables del servicio de carreteras. Los conductores de vehículos de servicio público tienen como costumbre llevar sencillo consigo, el cual van distribuyendo de patrullero en patrullero, no es mucho, pero de sol en sol el monto se hace estimulante. Para nadie es un secreto esta forma de actuar; sin embargo, la institucionalidad no tiene las condiciones para evitarlo.

Además de lo mencionado, otras formas de situaciones éticas y morales afectan a la institución policial. Sin embargo, desde su unificación nada ha cambiado y los mismos males de ayer, persisten en perjuicio de la construcción de una ciudadanía respetuosa de las normas sociales y legales.

Desde la unificación del ente policial, se han dado medidas administrativas y de pase al retiro de oficiales y subalternos. Mirados en perspectiva, no ha cambiado nada, excepto afectar el mando y la funcionalidad de la Policía Nacional del Perú. El actual ministro ha seguido la misma ruta de sus antecesores y no quiere pasar a la historia por no hacer lo que otros hicieron y usando los mismos argumentos.

“El pase al retiro de 790 oficiales a partir del 31 de diciembre es una medida necesaria en el marco de los esfuerzos por adecuar la Policía a los nuevos retos que la criminalidad plantea. No queremos ser populares, queremos ser eficientes, por doloroso que esto sea”, ha expresado el ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias, al anunciar el pase a retiro de oficiales de la Policía Nacional por la causal de renovación de cuadros de manera excepcional para el año 2016.

Según el argumento del Ministro y también de la dirección policial, se requiere el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo organizacional y de gestión estratégica operativa y administrativa, indicando que busca “Lograr que la Policía Nacional del Perú sea la institución más respetada en el bicentenario requiere mucho esfuerzo acompañado de nuevas orientaciones para el trabajo”.

El director de la PNP Vicente Romero Fernández, añadió que para tomar esta decisión el Consejo de Calificación utilizó diversos criterios técnicos, como formación profesional, desempeño policial, trayectoria, aptitud para el servicio y proyección institucional.

Esta medida ha implicado la salida de 790 oficiales de armas y de servicio que pasan al retiro, 160 son coroneles de armas y 20 de servicios; 300 son comandantes de armas y 7 de servicio; 249 son mayores de armas y 6 de servicios, así como 48 capitanes de armas. Aunque se expresa que no afectará el funcionamiento, es obvio que habrá menos oficiales para cubrir las necesidades de servicio.

Durante varias oportunidades, una acción concertada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional ha demostrado que existen las capacidades para superar la falta de competitividad de estas instituciones; en tal sentido, las pruebas de eficiencia y de servicio al país son múltiples y aleccionadoras en la lucha contra la corrupción. Si se puede en la lucha contra bandas y se ha demostrado, es posible hacer en la convivencia normal.

En tal sentido, no se trata de razias de policías, sino de un sistema de control efectivo que valore las acciones meritorias de sus elementos, pero que tenga la misma capacidad para sancionar a quienes infringen los protocolos valorativos de la institución. Las razias podrían servir si existen acciones para el futuro, donde se enmiende los errores del pasado y se perfeccione el funcionamiento institucional, donde lo técnico debe tener un alto contenido ético y moral.

Por lo tanto, y con lo realizado la única lección que queda es que esta medida fue realizada en gobiernos anteriores con resultados poco perceptibles. Al margen que estas acciones son las mismas que se han adoptado anteriormente, esperaremos para saber si realmente valió la pena enviar a la calle a tantos oficiales, que bien podrían haber continuado en ejercicio.