Por: Nelson Peñaherrera Castillo: Jorge Baratta ha hablado esta semana en Curitiba, Brasil, como parte del acuerdo de colaboración eficaz conseguido por el Ministerio Público peruano en alianza con la Procuraduría Federal brasileña. El claro objetivo es saber cuánto la constructora Odebrecht había penetrado todos los niveles de gobierno mediante coimas, para asegurarse la buena pro de obras grandes: carreteras, hospitales, sistemas de transporte urbano.
El ex superintendente de la empresa en el Perú habría dicho que Odebrecht solo buscaba proyectos de nueve dígitos, ésos que no solo le permitieran amasar grandes ganancias, sino que prometieran a los funcionarios peruanos, cuantiosas gratificaciones por torcer los concursos a su favor. De ese modo, tenemos cuestionamientos a los gobiernos democráticamente elegidos desde 2001 hasta 2016, además de graves sospechas con ex funcionarios que se han ido reciclando durante tres lustros, o que han alcanzado altos puestos de gobierno en la actualidad.
Claro que el testimonio de Baratta no será suficiente puesto que tendrá que probar documentariamente que cada cosa que dijo es verdad. El ex funcionario asegura que sí (bueno, su abogado, en realidad), y que para ello va a proporcionar a los fiscales peruanos un expediente que tiene más de cuatro mil folios o carillas que, se supone, contienen toda la contabilidad paralela destinada a las coimas y sus beneficiarios y beneficiarias.
Las delaciones no solo ponen en entredicho a altos funcionarios del gobierno central. La ex alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, el ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, y el ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio, han sido mencionados, y en todo caso habrá que verificar en los documentos si existe la comisión efectiva de un ilícito por su parte o, cuando menos, su entorno de confianza. Y aquí hay una madeja por desenrollar.
En caso se pruebe las conexiones de Odebrecht a niveles gubernamentales subnacionales, alguna línea de investigación debería ir por lo que Lima llama “provincias”, que mas bien debería nombrarse como “el resto del Perú”. Basta poner en un mapa nacional los lugares beneficiados con obras de Odebrecht para sospechar, cuando menos, algún tipo de “arreglo” a niveles locales.
Lo sabremos cuando los cuatro mil folios prometidoss por Baratta sean desmenuzados al detalle. Está de más decir que podrían haber muchas sorpresas. ¿Quién será? ¿Quién será? Ya nos enteraremos.
Lo que sí es notable es que lo que iba a decir Baratta y lo que va a entregar ya está provocando intranquilidad en nuestras esferas políticas nacionales. Por lo pronto, el Congreso ha comenzado a dar una serie de hachazos inexplicables al trabajo de los fiscales, en especial el de Vela y Pérez, lanzando desde proyectos de ley para reducir el tiempo de las prisiones preventivas, comisiones investigadoras por supuestas irregularidades en la intervención de ex autoridades (sobre cuyo involucramiento existe ahora una bruma muy espesa aún, al punto que los aludidos están ya poniendo paños helados para desestimar la idea) y hasta pedidos de vacancia al presidente Martín Vizcarra aunque no se exprese razón alguna. Si tienes un poco de cabeza fría, entenderás que alguien quiere encubrir a alguien. A eso le agregamos unos sospechosos intentos por mover la parrilla de noticias a otros temas de coyuntura, que si bien entraron en titulares nacionales, no consiguieron quitar el ojo de lo que pasaba en Curitiba. Otros intentos más coloridos fueron el sospechoso hazmerreír de la prensa limeña.
Pero, y a nivel local, ¿nos sentimos inmunes? Hasta el primer interrogatorio de Baratta, el martes 23 de abril, yo sí he percibido mucho nerviosismo de ciertas personas influyentes aquí en Piura. ¿Mi indicio? Las reacciones de algunos empleados suyos minimizando en redes sociales las noticias que salían de Brasil. Yo noté cierta desproporción, algo que me dejó un “¿y qué quiso decir?” y que sigo intentando desencriptar. Algo así como cuando se va a descubrir que eres culpable y tu mejor defensa es el ataque. Ya sabes: incendias la pradera y será complicado identificar quién tenía los fósforos. Cuando los interrogatorios terminaron el viernes 26 de abril y parecían no incluir alguna referencia más allá de Lima, Áncash o Cusco, las reacciones cesaron.
Eso, intuyo, no significa que les volvió el alma al cuerpo. Insisto: se vienen los más de cuatro mil folios y es probable que algo aparezca ahí. ¿Pero qué? Ya nos enteraremos.
Hasta ahora, el acuerdo de colaboración eficaz ha resultado ser mejor de lo sospechado y hasta altamente rentable para el Estado Peruano. Digo, a ver, haz aparecer en las arcas nacionales más de 514 millones de soles (unos 150 millones de dólares) de un keko. Ni Mandrake en sus mejores épocas. Así que a la ciudadanía le tocará seguir vigilando que nuestra justicia haga justicia dentro del ordenamiento legal, y que no hayan manos nerviosas que intenten cortarle el vuelo con trucos legales. Al contrario, que nuestro sistema legal evolucione para que realmente el culpable sea castigado y el inocente sea resarcido.
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