La dictadura de la violencia o el terrorismo de la protesta

Nelson Peñaherrera
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ERP/Nelson Peñaherrera Castillo. El día que la base del SUTEP en Sullana iba a realizar su marcha, un familiar llegó por acá a encargarnos su moto. "Es que si la dejo en la puerta del colegio, son capaces de abollarla porque no estoy apoyando la protesta", me dijo, y por primera vez me quedé en el aire. ¿Me estaba hablando de maestros o pandilleros inmisericordes?

Aprovechando el corto receso de medio año que tienen algunas escuelas públicas, Educación está conduciendo algunos talleres de actualización con maestros y maestras; algunos asisten en sus propias movilidades, adquiridas con esa rara virtud peruana que es el ahorro. Y, lógico, cuando te ha costado conseguirlo, te cuesta muchísimo perderlo.

Se lo comenté a papá, que también es maestro, pero que su única protesta es cuando por la calle los mototaxistas se le cruzan en su carril mientras conduce el auto familiar. "Es que cuando el grupo se transforma en turba, todos pueden llegar a ser delincuentes", opinó. "Pero estamos hablando de docentes", le repliqué.

Y ese es mi punto. Nadie dice que reprimamos nuestro deseo de protestar, que expresemos el descontento o el desacuerdo cuando creemos que realmente lo merece, que podamos disentir incluso, pero de ahí a usar la violencia como vehículo de exteriorización para aquéllo que nos disgusta, hay un gran trecho. Y si hablamos de profesión... bueno, de gente que se dedica a formarnos en conocimientos, actitudes y decisiones, definitivamente hay un aspecto moral -OK, sé que esa palabra les suena rara pero existe, ¿ya?- que es de alta gravedad en su caso.

¿Qué lección nos están enseñando? ¿"Si no te hacen caso, destruye la propiedad, quiña al prójimo, demuestra que se te riega la testosterona para que te vean como el macho o la hembra alfa"?

Si es así, bien haría Educación en reconsiderar sus puestos en el sistema público nacional. Digo.

¿Justifica el derecho a la protesta el daño a todo nivel, incluso al punto de cortar una vida?

En Balsapuerto, un pueblo en la provincia de Alto Amazonas, Loreto, personal del hospital Santa Gema que estaba descontento con la gestión del director protestó bloqueando la entrada. Dos padres de una comunidad nativa llegaron con su hijito de año y medio, un poco más en realidad, muy grave pidiendo atención de emergencia.

Médicos y enfermeros fueron a habilitar a tiempo la Unidad de Cuidados Intensivos para tratar de salvarle la vida. La turba que bloqueaba la puerta lo impidió. Algunos testigos aseguran que una trabajadora tarada (es el adjetivo más suave que hallé) dijo: "¡Que se muera, a ver si así nos hacen caso!"; encima, golpearon a un médico y un enfermero.

El pequeño falleció.

¿A ese extremo estamos llegando en nuestro país, donde parece que hay trazas de chavismo recalcitrante en ciertos servidores públicos, quienes van directo a la violencia como forma de exigir el cumplimiento de sus demandas? Al diablo si son justas o injustas. Insisto, mi punto es: ¿se necesita la violencia para lograr la meta?

Inicialmente me resistía a creer en la infiltración senderista como causa de ese recrudecimiento, pero recordando la inhumanidad con que actuaba la fanaticada de Abimael Guzmán, ahora creo que esa posibilidad debería ser una línea de investigación de la Policía Nacional (a ver si no se le escapa la tortuga otra vez).

Protesta sí, violencia no.

Para fortuna, ahora las nuevas tecnologías permiten saber quiénes son los desadaptados y contra quiénes la justicia debe actuar pronto antes que esto se desborde... o algún manifestante excedido de testosterona nos termine asesinando a sangre fría.

Y mientras tanto, mejor guardamos la moto, vaya a ser cierto que la usen como lata para patear.

(Opina al autor. Síguelo en Twitter como @NelsonSullana)

Foto: Internet Medios.

yurimaguas