Por: Laurence Chunga Hidalgo
ERP. La producción jurisdiccional de sentencias o de resoluciones que pongan fin al proceso no es cuestión de números solamente, tal como lo exige la R.A 287-2014-CEPJ en la que se imponen estándares de producción nacionales, en mérito de la competencia material, territorial y jerárquica. El tema de la producción es una cuestión que le interesa al Estado, en su calidad de empleador, que reflexiona el asunto desde la relación binomial producción vs remuneración. Al justiciable –aquel que tiene nombre y apellido- le importa poco esa relación, salvo que la carga procesal le impida tener una sentencia en el plazo más breve posible. El tema de la producción por tanto tiene, también, relación directa con la celeridad procesal. Cuantas más sentencias exija el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mejor será para los justiciables que por años esperan que sus procesos sean resueltos. A más sentencias por mes, más probabilidades de que el caso sea atendido.
Por Dr. Laurence Chunga Hidalgo
ERP. Es común escuchar la manida frase: "los funcionarios públicos son corruptos". Los medios de comunicación de medio pelo, la gente común y, hasta los niños, lo anuncian sin pensar un poquito en el contenido de la expresión; al punto tal, que en los pasillos judiciales, donde convergen justiciables, abogados y abogadillos, se exponga sin remordimientos: "déjale un sencillo" u "ofrécele algo al juez y el asunto caminará con prontitud". He visto denuncias en ODECMA en las que el justiciable se queja de las demoras procesales argumentando "como dejé de pagarle al secretario, entonces el proceso se ralentizó", sin ser consciente de que el mismo denunciante tiene la calidad de autor del delito de cohecho. En realidad, el común de los mortales presume que es bueno coimear, exponer "gestos de gratitud" o dejarle algo para el taxi o para la gaseosa. No se le puede pedir mucho, a quien poca instrucción tiene.
ERP/L.Chunga.- Tiempos difíciles nos esperan. Quien decide ser juez, lo hace a sabiendas de su futura impopularidad. Ser juez no es fácil. Las más de las veces será acusado de corrupto aún sin que se mencione su nombre. Los medios de comunicación endilgarán a todos las desdichas de algunos y, así el epíteto de "corruptos" se le atribuye sin ningún miramiento a cualquiera que ose prestar servicio a la patria de ese modo. El prejuicio mediático se convierte en el resorte que golpea sus manos, pero las mantiene libres.
ERP/Laurence Chunga Hidalgo. La necesidad de jueces honestos va de la mano con la aptitud intelectual. El juez debe conocer el derecho y aplicarlo cuando corresponde. No hay más. La sociedad impone esas exigencias y, para ese efecto hay que permanecer en constante contacto con actividades de capacitación y con el ánimo de permanecer en la honradez profesional.
ERP./Laurence Chunga Hidalgo.- Si el Congreso de la República expide una ley, se presume la constitucionalidad de la misma y, sólo puede carecer de efectos por inconstitucional si es que un juez así lo declara, sea por control difuso o mediante un proceso de inconstitucionalidad. La denominada Ley Servir, Ley 30057, fue cuestionada en cuanto nació. Un grupo de parlamentarios estimaron que varias de sus disposiciones eran contrarias a la Constitución y plantearon una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, no fue el único cuestionamiento: buen número de funcionarios y servidores públicos la impugnaron en la vía de los hechos y mediante el uso del derecho a huelga protestaron por lo que en ella se disponía. La de los trabajadores judiciales fue la más notoria, no sólo por el tiempo que ha durado, sino también por la forma como se levantó la medida de fuerza.
ERP./Laurence Chunga Hidalgo. El Ordinario de Piura ha hecho uso de su oratoria para fustigar al Estado, fundamentalmente, por hecho de haber observado una ley del Congreso con el que se pretendía la declaración de la renovación del santuario de la Virgen de las Mercedes de Paita, como cosa de interés nacional. ¿Puede una construcción religiosa ser declarada de interés nacional? El hecho de que el 81% de los ciudadanos pertenezcan al rebaño de Roma ¿es suficiente para que lo cívico y lo religioso se confundan posibilitando que el Estado deba hacer inversión pública en asuntos que no son propios al bien común de los ciudadanos?
