El Regional de Piura:
22 de septiembre del 2009
Lima. Cada año el gobierno nacional otorga dinero a entidades
privadas, ajenas al sector público pero beneficiarias de asignación
presupuestal como si fueran auténticos pliegos. Aunque la cifra sea
modesta, su vigencia denota una contradicción para un gobierno que dice
ser austero y eficiente en el manejo del tesoro público.
El rubro “Subvenciones para personas jurídicas” (Anexo A del proyecto de
ley de presupuesto 2010) consigna la suma de 24 millones de soles a
favor de algunos privados, quienes -desde nuestra opinión- no merecerían
ser receptores de ingresos públicos, salvo que demuestren real aporte
para el desarrollo social y económico del país.
Los privilegiados están vinculados a la policía y a las Fuerzas Armadas.
El Ministerio del Interior desembolsará 3 mil soles para la Asociación
de Coroneles en retiro; 5 mil en favor de la Asociación de Oficiales
Generales PNP; 4 mil para la Asociación de Oficiales Generales FFAA y
PNP; 37, 500 en beneficio del obispado castrense; y la friolera suma de
1 millón 200 mil soles para el Comité de Damas PNP.
Por su parte, el Ministerio de Defensa otorgará 150 mil soles a la
Asociación de Oficiales Generales y Almirantes; 20 mil a la Asociación
de Capitanes de Navío, Coroneles FFAA y PNP en situación de retiro; 20
mil a la Asociación de Comandantes FFAA; 99 mil a la Asociación de
Oficiales FAP; 20 mil a la Asociación de Oficiales retirados FFAA; 200
mil para la Federación Deportiva Militar; 300 mil al Comité Femenino de
Apoyo; 80 mil a instituciones religiosas; 514 mil a la “Junta
Interamericana de Defensa”; y, 234 mil soles a favor del obispado
castrense.
Relaciones Exteriores desembolsará 27 mil soles para la “Sociedad
Peruana de Derecho Internacional”; el Ministerio de Salud otorgará 43
mil en favor de la parroquia Nuestra Señora de Monserrat y San
Sebastián; y el Gobierno Regional de Loreto dará 45 mil soles al
Vicariato Apostólico de Iquitos.
En un contexto de crisis económica, racionalidad del gasto y, sobretodo,
gestión del presupuesto orientado a resultados, ¿qué resultados espera
el gobierno de estas asignaciones presupuestarias?; ¿cuáles serán los
indicadores que permitan medir el desempeño de estas entidades
privadas?; ¿contribuyen estos privados al desarrollo humano del Perú?
Estamos, sin duda, ante una comprobación de farra fiscal. Las buenas
intenciones de estos privados no se condicen con los objetivos y
estrategias que las entidades públicas han fijado para la consecución de
sus fines institucionales. Al ser personas jurídicas de derecho privado,
la fiscalización y responsabilidad por el uso del dinero se difumina,
aún cuando se trate de fondos públicos. No existe, por tanto, el
escenario adecuado para que opere efectivamente el accountanbility.
Sorprende sí, y por ello hay que saludar al Ejecutivo, la anulación de
subvención para la iglesia católica. Año tras año el Ministerio de
Justicia otorgaba al clero recursos públicos. El año 2008, por ejemplo,
recibió 2 millones 602 mil soles. De todas formas, queda la duda de esta
anulación, pues entre Cipriani y García ha habido, y hay, coqueteos
constantes.
Si tan sólo estos 24 millones de soles se destinaran a investigación
académica, ¿cuánto avanzaría el país? Seguramente mucho. Lamentablemente
el APRA no sabe, ni conoce de políticas públicas de formación e
investigación, y por ello enarbola la frase “Para someter a un pueblo,
es necesario mantenerlo ignorante”. |
